POLÍTICA MUNICIPAL

PSOE y PP se enzarzan por el control a las "puertas giratorias" en Zaragoza Vivienda

Tras la polémica contratación de un alto cargo de la sociedad municipal por una constructora a la que se habían adjudicado licencias para construir vivienda pública, el edil socialista Horacio Royo acusa al PP de no haber nombrado a ningún responsable para controlar los conflictos de intereses

El concejal delegado de la entidad, José Miguel Rodrigo, asegura que la sociedad hizo firmar a todos sus participantes una declaración responsable

La entidad ha dado este martes el visto bueno, con el voto unánime de todos los grupos, a la construcción de 376 viviendas públicas en Valdefierro, Arrabal y Las Fuentes

Imagen de archivo de construcción de viviendas en Zaragoza.

Imagen de archivo de construcción de viviendas en Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

Alberto Arilla

Alberto Arilla

La polémica en torno a la contratación de un alto cargo de Zaragoza Vivienda por la empresa Brial, a la que tan solo unos días antes se le habían adjudicado tres promociones de vivienda pública con 15,5 millones de fondos europeos (contratos que han sido aprobados este martes con el voto unánime del consejo de la entidad, en el que están representados todos los grupos municipales), ha vivido un nuevo episodio en un cruce de acusaciones entre PSOE y PP. El concejal socialista Horacio Royo ha afirmado que esa dotación procedente de Europa debería ser "para construir viviendas para jóvenes, y no para puertas giratorias".

Royo ha asegurado que, hasta este martes, la sociedad municipal no tenía a ningún responsable que controlase los posibles conflictos de intereses entre los miembros de Zaragoza Vivienda y las posibles adjudicatarias. En ese sentido, la Agencia Tributaria puso a disposición de los gobiernos una aplicación para poder contrastar dichos conflictos de forma rápida. Ahora, la responsable de ese cometido será Lorena Reula, actual directora gerente de la sociedad.

Frente a esas acusaciones, el concejal delegado de Zaragoza Vivienda, el popular José Miguel Rodrigo, ha subrayado que, para poder acceder a esa plataforma, la competencia era del anterior Ejecutivo autonómico y, en última instancia, del propio ministerio. Asimismo, Rodrigo ha recalcado que, para hacer frente a esa coyuntura durante este período de tiempo, Zaragoza Vivienda exigió a todos los participantes en los procesos de contratación la firma de una declaración responsable, como compromiso frente a hipotéticos conflictos de intereses.

La controversia salió a la luz el pasado 22 de enero, cuando se conoció que el anterior director técnico de la entidad, Félix González Grañeda, había sido contratado por la constructora Brial tan solo cuatro días después (como él mismo reconocía en la red social laboral LinkedIn) de adjudicar al grupo la construcción de 376 viviendas públicas.

Precisamente, Zaragoza Vivienda ha dado este martes el visto bueno a la construcción de esas promociones, que se llevará a cabo en los barrios de Las Fuentes, Valdefierro y Arrabal. La previsión es que la construcción de las mismas se inicie el próximo mes de junio.

Una acusación que se extiende "a todas las áreas"

Con todo, el cruce de palabras no ha terminado en la transparencia en torno a Zaragoza Vivienda. Y es que el concejal socialista Horacio Royo también ha acusado a la actual concejala de Hacienda y Fondos Europeos, Blanca Solans, de no haber emitido hasta el pasado diciembre "las instrucciones oportunas a todas las áreas para que se tenga acceso a esa plataforma de control". En ese sentido, el Gobierno de Zaragoza ha señalado que, al tratarse de una Orden estatal, "es directamente aplicable por todos los organismos públicos, sin necesidad de ninguna orden interna".

Pese a ello, desde el consistorio aseguran que el área de Hacienda ya realizó "una instrucción municipal para difundir su contenido" en marzo de 2023, incidiendo en ello en el pasado mes de diciembre con una nueva circular "para recordar el funcionamiento de la plataforma". En esa línea, Solans ha acusado al grupo socialista de "intentar confundir a la opinión pública con acusaciones infundadas".