La nueva Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), aprobada el pasado viernes, y que constituye la séptima reforma de la enseñanza en democracia, no ha contentado a nadie. Padres, alumnos y sindicatos la rechazaron y aseguraron que se ha hecho "por decreto". Los pedagogos, lejos de verla como una mejora, afirmaron que no ayudará a limitar el fracaso escolar y que hará crecer las diferencias sociales.
El presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía, Juan Antonio Planas, apuntó que la nueva ley tiene "muchas más sombras que luces". Cree que el principal problema es que cada partido que llega al Gobierno impone una nueva normativa, "el ministro de turno siempre trata de dejar su impronta". Como orientador dejó claro que la nueva legislación no servirá para mitigar el fracaso escolar, si no todo lo contrario. Para él, empuja a los alumnos procedentes de un estrato social bajo a tener un "peor pronóstico escolar".
Son muchos los sectores de la enseñanza que se verán afectados y para todos hay un denominador común: "No se ha contado en ningún momento con la comunidad educativa". Entre los padres, el presidente de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos de Aragón (Fapar), Juan Ballarín, afirmó que es una reforma ideológica y, por lo tanto, "elitista y segregadora". La participación de las familias en la toma de decisiones, señaló, se deja de tener en cuenta por la merma de competencias de los consejos escolares. Incluso el nombre es motivo de crítica para Ballarín, que calificó como un contrasentido denominar ley para la mejora educativa algo que reducirá la calidad de la enseñanza.
SECTORES EDUCATIVOS Uno de los puntos importantes de la ley es que aumenta la autonomía de los directores. Algo que para Guillermo Valenzuela, profesor y miembro de Marea Verde, generará "un modelo de educación autoritaria" con la progresiva pérdida de autonomía por parte de los docentes. Valenzuela, que en la actualidad es interino, piensa que los directores ahora elegirán a los profesores "a dedo", fomentando "el enchufismo".
En el centro de toda la polémica están los alumnos, que serán los que directamente sufran las consecuencias. Rubén Sanz, coordinador de la Asociación de Estudiantes de Aragón (Adea), aseguró que en Aragón llevan años buscando un pacto educativo común y que esta ley "se salta todos los principios de debate y participación". Las revalidas que se instauran después de cada etapa son un sistema que, para él, provocará que solo puedan continuar estudiando "los que tengan una buena posición social".
La nueva legislación tampoco ha caído bien entre los sindicatos. La delegada sindical de la Junta de Personal por CGT Aragón, Teresa Olalla, cree que los criterios de calidad se basan en la competitividad y que los exámenes recuerdan "a las revalidas anteriores a la ley general del 70" y denunció que solo se utilizan criterios economicistas y que se vulneran los derechos laborales del profesorado.
