Los consejos de salud de Zaragoza han remitido un escrito al consejero de Sanidad, Ricardo Oliván, en el que muestran su rechazo a los "sucesivos recortes que se vienen aplicando a la sanidad pública y que van a afectar a toda la población y más a aquellos con menos recursos". El portavoz del colectivo, Juan Alvarado, presidente del Consejo de Salud de Valdefierro, invita a la población a unirse "en apoyo de las demandas para mantener nuestro derecho a la salud pública y universal".
El escrito expresa a Oliván su desacuerdo con las medidas "adoptadas por su consejería" y expresa su rechazo al decreto 16-2012, que modifica la atención sanitaria y farmacéutica dispensada a los inmigrantes en situación irregular, que han perdido su tarjeta sanitaria. En este sentido, los consejos de salud estiman que se trata de una medida "anticonstitucional" y, respecto a su aplicación en Aragón, recuerdan que "el artículo 14 del Estatuto de Autonomía de la comunidad, que recoge el derecho universal a la salud, no es modificable por un decreto-ley" que "convierte la salud en una mercancía".
PERJUDICADOS La supresión de la condición de asegurados a los inmigrantes en situación irregular tampoco convence a los Consejos, que califican de "injusto" ese modelo de financiación. En este sentido, advierten de que los principales perjudicados son personas que no tengan regularizada su situación administrativamente y que "desarrollen algún tipo de patología que precise seguimiento crónico o que puedan beneficiarse de diagnósticos precoces de sus patologías o de actividades preventivas como vacunas".
Por ello, cuestionan el ahorro que se pretende obtener con esta medida porque "el desarrollo de estas enfermedades acabará perjudicando innecesariamente a estos pacientes y ocasionando, probablemente, un mayor gasto debido a las complicaciones que finalmente precisarán ingresos hospitalarios, que son mucho más caros que la prevención o el tratamiento precoz de las enfermedades".
Asimismo, lamentan que pueda "perjudicarse" el control de enfermedades transmisibles, como la tuberculosis, "lo que podría perjudicar a toda la sociedad" y advierten de los problemas "éticos" en los sanitarios, que "no podrán atender en condiciones a estos pacientes".
Los consejos también rechazaron las "desigualdades en carteras de servicios" que las comunidades pueden adoptar con otros "copagos" y los "recortes en transporte sanitario y material ortoprotésico". Así, lo califican como "repago injusto" que "incide sobre los más enfermos y menor poder adquisitivo".
