Más de 1.100 sanitarios son objetores de conciencia para aplicar la eutanasia en Aragón

Ayudar a morir no es fácil. Algunos médicos prestan esta ayuda pensando que van a matar a una persona; otros, que van a ayudar a acabar con el sufrimiento. No es una situación fácil y genera problemas morales y profesionales. En Aragón, hay 1.118 sanitarios que hasta finales de marzo de 2024 se han declarado objetores de conciencia con respecto a la eutanasia, una cifra «de las más altas, junto a Madrid», asegura Consuelo Miqueo, vicepresidenta de DMD (Derecho a Morir Dignamente) Aragón. ¿El motivo? Al aprobarse la ley en 2021, se dio un caso en la comunidad, la muerte de Emilia, una mujer que se quitó la vida tras el retraso de la tramitación de la ayuda a morir; explican sin citar el nombre tanto Miqueo como Javier García Tirado, presidente del Colegio de Médicos de Zaragoza.

Para este último, se vio que la norma «se había puesto en marcha de forma precipitada, con falta de formación e información para los profesionales que favoreció este inicio turbulento». Para Miqueo, sin embargo, hubo «una respuesta corporativa que no necesariamente era una objeción de conciencia, como ahora se está demostrando», ya que no han aumentado de forma continua desde entonces.

Casi 6.500 aragoneses han activado sus voluntades anticipadas desde 2019

Desde DMD aseguran que en Aragón y en el resto de las comunidades «se han registrado cuando han previsto que podía venir un caso» o ya lo tenían encima de la mesa. Sin embargo, Miqueo reconoce que aunque se haya declarado objetor, cuando hay una demanda «la Administración está obligada a preguntar» si está dispuesto a hacerlo.

Casi 6.500 aragoneses han activado sus voluntades anticipadas desde 2019

Esto supone que «la ley es garantista tanto para los profesionales como para los usuarios», señala García Tirado; que reconoce que desde el Colegio de Médicos junto con el Departamento de Sanidad se han organizado conferencias y sesiones informativas». La vicepresidenta de la asociación no hace hincapié en que la objeción sea un problema porque «hemos quitado la mirada de los profesionales». Al principio «tuvimos graves problemas porque las personas pedían la eutoanasia y no se encontraban con los profesionales que esperaban encontrar» y ahí pusieron el acento. Ahora ya no, porque creen que es «la Administración la que tiene que hacer que se cumpla la ley».

Pocas solicitudes

Miqueo asegura que el foco está en "por qué las solicitudes están muy por debajo de lo previsto" en Aragón, en España y «en los países de alrededor». Esto puede deberse a que «la gente no sabe a qué atenerse, lo confunde con la sedación final paliativa o tiene miedo a que su médico le mire mal». Sí que tiene claro la vicepresidenta de DMD que existe «un defecto en la formación de los profesionales sanitarios», pero sobre todo en el caso de «los médicos, que son los que tienen la máxima responsabilidad», señala, y añade que «falta formación, pero quizá tampoco tienen una actitud proactiva» como sí tienen, por ejemplo las enfermeras. En muchas ocasiones, personas que han solicitado la eutanasia dicen que «si no hubiera sido por la enfermera no sé qué habría pasado»; y es que, según Miqueo, estas profesionales son las que «mejor situadas están para hacer una evaluación de la calidad de vida de la persona, han estado en su domicilio y son competentes para hacer esa evaluación y tener en cuenta aspectos biológicos y otros que no constan en el historial clínico como el modo de vida y la trayectoria vital de las personas».

García Tirado señala que desde el sistema sanitario se debe ofertar a la población servicios como los paliativos y quizá si tienen ese soporte en muchos casos la idea inicial de poner fin a sus vidas en muchos casos se revierta».

Sin embargo, Miqueo insiste en la «mayor relación del personal de enfermería con los pacientes que solicitan ayuda para morir que con los médicos». Y aunque en Aragón no hay estudios, sí que hay, por ejemplo, en Cataluña informes que así lo concluyen; además de hablar «no de una objeción de conciencia sino de conveniencia» porque los médicos «no tienen costumbre de hablar de la muerte, tienen miedo, mucho trabajo, una gran exigencia horaria... lo que sea, pero razones de conveniencia», asevera. Los profesionales, dicen, «deben estar preparados para acompañar en el morir, no solo en el sanar» y poco a poco «van tomando conciencia, aunque tardará unos años» en normarlizarse. Cuenta Miqueo que hay médicos que cuando pones encima de la mesa la eutanasia, les dicen que «solo estás un poco deprimido» y eso es «no respetar ni tomar en serio a la persona» sobre todo cuando existe una ley que contempla la posibilidad. «De entrada no se puede minimizar o descartar» porque «esa conversación hace falta». Es lo que denomina la vicepresidenta de la asociación el «patriarcalismo médico», un sistema universal en el que «el médico sabía lo que le convenía al paciente y se trataba de ponerse en sus manos y confiar, un patrón que cambió con la democracia.

Por eso, afirma Miqueo, que «todos tenemos que tener esa conversación si así lo deseamos» y desde DMD apuestan por «entregar el testamento vital al médico». Pero también reclaman «una mejor calidad de los informes» tras la petición de eutanasia porque «no vale solo decir que no reúne las condiciones»; y que en la Comisión de Garantías aumente «la presencia y la importancia, no solo de médicos y juristas sino de enfermeras, psicólogos y trabajadores sociales», esenciales estos últimos porque son los que pueden informar de que la solicitud de ayuda a morir «no está determinada por la carencia de recursos sociales». Y critican la «objeción de conciencia institucional» del hospital San Juan de Dios, donde la opción está «vedada», por lo que quien «puede pensar en la eutanasia se asusta de pensar de ir allí», concluye.

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