El consejero de Obras Públicas, Urbanismo, Vivienda y Transportes, Rafael Fernández de Alarcón, explicó ayer que la propuesta del Gobierno, que contempla ingresos de hasta 770.000 euros vía usuarios, ha "tenido en cuenta las aportaciones de los municipios". También "criterios técnicos como la distancia de aquellos a Zaragoza, los tiempos de viaje en ferrocarril y autobús, la ubicación de la estación en cada localidad y las tarifas de transporte. Sin embargo y pese a que en su día saludó su creación, Alarcón firmó el plan de la DGA sin haber escuchado las sugerencias de la Plataforma por el Desarrollo del Ferrocarril Público en Aragón.

Una reunión entre ambas partes, fijada para el pasado día 3 y que, según fuentes del departamento, tendrá lugar en breve, hubo de suspenderse por "motivos de agenda". A falta de un estudio más detenido y de una valoración colectiva por parte de los numerosos integrantes de la plataforma, su portavoz, Luis Clarimón, se felicitó ayer de que "por fin" la DGA haya dado a conocer el documento, pero afeó al Ejecutivo autonómico que no practique una política más dirigida a la "atracción de viajeros al tren".