Nos hemos llevado un disgusto muy grande, un palo enorme", resumía Cristina para describir su estado y el de su marido. Acababan de conocer que, finalmente, su hija y otro niño del barrio Rosales del Canal de Zaragoza no solo no accederán a un colegio de su entorno, sino que, además, el proceso de escolarización los excluye de su zona. Han sido adscritos al colegio Fernando el Católico del barrio Oliver, una opción que disgusta a los progenitores de la niña, "porque no tenemos accesos fáciles ni transporte público desde nuestro barrio, y andando es implanteable", denunció Cristina.

La explicación del departamento no convence a esta familia. "Nos quieren hacer responsables, pero fue mucha gente la que no completó las siete opciones", apunta la madre. Eligieron los colegios de Rosales, en primer lugar, y después, por este orden, Montecanal, doctor Azúa y Cesáreo Alierta. "Hemos tenido mala suerte", pero lo que hace el Gobierno son "parches".

Solicitarán el traslado a una de las casi 60 plazas vacantes que han quedado, con todo, en distintos centros de la zona 5 de la capital aragonesa. "Así querrán que les agradezcamos que nos metan en un colegio que está a 4 kilómetros de nuestra casa", señala Cristina, que denuncia que "ellos saben que es urgente la construcción de un nuevo colegio". "¿Cómo es que no hay partida para algo tan importante"?, se pregunta la madre de la niña.

"Estamos hablando de escolarizar a nuestros hijos, no de un capricho", dice, para añadir que lo contrario es "gobernar de espaldas al ciudadano". Cristina anuncia, por ello, que estará hoy junto al resto de padres, presentando un recurso contra el proceso que ha llevado a cabo la consejería que dirige Dolores Serrat. Está convencida de que "se han vulnerado varias leyes y derechos de la infancia". "Jamás había pasado algo así desde que Aragón tiene las competencias educativas", sentencia.