Más de 1.500 familias aragonesas pidieron a los jueces de Primera Instancia de Zaragoza entre el 16 de mayo y el 16 de junio que paralizaran los procesos de ejecución instados por los bancos sobre sus viviendas alegando que sus hipotecas incluían cláusulas abusivas de diferentes tipos.
Los procedimientos, instados en el mes que dio para ello la reforma de la Ley Hipotecaria, serán tramitados por los 17 juzgados zaragozanos que se encargan de este tipo de asuntos. La presentación de estas demandas conlleva la paralización de los procedimientos de ejecución, lo que dará a las familias afectadas un plazo de gracia de unos meses, ya que los tribunales no disponen --salvo alguna excepción-- de huecos en sus agendas para señalar las vistas orales hasta entrado el mes de noviembre. Las resoluciones de Primera Instancia son recurribles ante la Audiencia Provincial.
La reforma de la Ley Hipotecaria, impulsada por el Gobierno tras dictaminar el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo que la normativa española en esta materia amparaba situaciones que generaban indefensión a los consumidores, como que el lanzamiento fuera irreversible y la existencia de cláusulas abusivas en los créditos debiera ser discutida en un pleito aparte.
