Las Cortes de Aragón validaron ayer por unanimidad el decreto de ayudas por las riadas, así como las medidas tributarias para los afectados. No hubo grandes polémicas. Pero los grupos de la oposición exigieron al Gobierno de Aragón que se ponga de acuerdo con el Ejecutivo central para protocolizar un modelo de petición de ayudas en este tipo de casos, así evitar confusiones entre los vecinos de las localidades de la ribera. Nadie de la DGA cogió el guante, ni expresó su opinión al respecto. El consejero de Política Territorial, Antonio Suárez, se limitó a repasar el contenido de ambas iniciativas. Insistió en que el decreto tiene como objetivo restablecer los servicios públicos, reparar los daños públicos y privados y la vuelta a la normalidad, lo más rápidamente posible, de las zonas siniestradas. Insistió en que el objetivo es cubrir todos los daños causados por el río.
