La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, desató el pasado jueves la polémica al asegurar que el Gobierno central solo había invertido 77 millones de euros en la pasada edición de la Copa América de vela organizada por la capital levantina. En la comparación hecha con la aportación estatal a un evento como la Expo de Zaragoza, de "617 millones de euros" según Barberá, la primera edil del consistorio valenciano obvió actuaciones en infraestructuras, seguridad o promoción, entre otras inversiones, que elevan la participación de la Administración central en la cita deportiva a más de mil millones de euros, "la mayor inversión de un país en la organización de este acontecimiento deportivo de carácter privado".
Al igual que en la organización de la Expo, para la Copa América de Valencia se creó un consorcio (Sociedad Valencia 2007) con participación del ayuntamiento (20%), la Generalitat Valenciana (40%) y el Gobierno central (40%). Independientemente de la aportación de cada una de las partes, el Estado proporcionó al consistorio levantino un crédito ICO de 485 millones, avalados por el propio Ejecutivo nacional, por lo que, aunque en principio deberá ser devuelto por el Ayuntamiento de Valencia, si no lo hace la operación será costeada por el Gobierno central. Por contra, Barberá le recrimina que no haya hecho frente al canon de 42 millones de euros que debe abonar a la America´s Cup Management (ACM), empresa suiza propietaria de los derechos de la competición, poniendo "en peligro" la próxima edición del evento, en el 2009.
Las obras desarrolladas en el puerto de Valencia para acoger la Copa América, y que quedarán para uso y disfrute de los ciudadanos, forman parte de las actuaciones a las que se destinaron los fondos de la sociedad Valencia 2007. El acondicionamiento de la dársena, la prolongación de muelles, el parque para dar cabida a unos 20.000 espectadores en tierra, el nuevo aparcamiento, la construcción del centro internacional de prensa, las oficinas de uso exclusivo de ACM, las obras de urbanización, ajardinamiento y la instalación de barreras acústicas en las inmediaciones del puerto han supuesto un desembolso que ignora en sus informes Rita Barberá y cuya financiación no explica.
La inversión realizada desde el Ministerio de Fomento en obras complementarias al recinto portuario superan los 400 millones de euros. La ampliación del aeropuerto de Manises ha supuesto un desembolso por parte de Aena de 48,5 millones de euros anuales, los trabajos de mejora en la red ferroviaria urbana de Valencia y de Gandía le ha costado al Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) unos 220 millones de euros. Otras mejoras realizadas, como las del parador nacional de El Saler, completan la aportación estatal. Fuentes del ministerio destacaron que "esta inversión no incluye las obras realizadas en carreteras de acceso, la circunvalación V-30 y otras vías de acceso a la ciudad, infraestructuras que se agilizaron con motivo de la Copa América".
La inversión del Ejecutivo central en la Copa América se completa con otros gastos complementarios, como el del plan de seguridad, "el mayor despliegue que se ha hecho en la Comunidad Valenciana", que financia al 100% el Estado y que supuso una aportación de 30 millones de euros. La misma cantidad se invirtió en la promoción exterior del evento, mientras que otros 36 millones de euros se abonaron en concepto del canon a ACM.
El teniente de alcalde de Economía y Hacienda del Ayuntamiento de Zaragoza, Francisco Catalá, aseguró ayer que Valencia es, en cifras absolutas la segunda ciudad más endeudada del país y, en cifras relativas, la ciudad que encabeza la lista nacional. Catalá confirmó que Valencia tiene un endeudamiento que duplica al de la capital aragonesa. "Mientras nosotros cumplimos la normativa estatal y tenemos una deuda del 108%, por debajo del 110% que permite la norma", aseguró Catalá. Además, sobre las subidas de impuestos dijo: "El PP nos dejó en una situación de quiebra técnica en el 2003". También precisó que la capital aragonesa ocupa el puesto 23 en carestía del IBI, un impuesto que en Valencia es el 180% más caro.
