Las movilizaciones de hoy serán el mejor termómetro para calibrar qué futuro espera a la nueva reforma laboral aprobada por el Ejecutivo de Rajoy. Gobierno, sindicatos y empresas estarán, sin duda, pendientes de la reacción de los ciudadanos en las más de 57 manifestaciones convocadas en España --una en Zaragoza y otra en Huesca--. Un seguimiento masivo podría moderar el decreto en el trámite parlamentario o desenvocar en una huelga general. Si no es así, la nueva norma laboral llegará para quedarse.
El pasado jueves los sindicatos mayoritarios en Aragón (UGT y CCOO) ya pudieron comprobar en las asambleas de delegados el alto grado de rechazo a la reforma laboral. Los lugares elegidos para su celebración se quedaron pequeños. Además, ese mismo día, OSTA anunció que se uniría a la movilización, porque las medidas que plantea el nuevo marco son "gravísimas", reconoció a este diario su secretario general, Fernando García, que se mostró convencido de que las protestas de hoy serán "multitudinarias". También el jueves, los sindicatos minoritarios (CGT, CNT, SOA, Intersindical de Aragón y CATA) ya mostraron su rechazo al decreto del Gobierno.
Así las cosas y a solo 24 horas para conocer el veredicto de la calle, colectivos de trabajadores como los de banca, de la función pública y las plantillas de las principales empresas de Aragón parecen estar convencidas de que la respuesta será "masiva". No parece extraño, pues muchas de ellas están inmersas en expedientes de regulación o negociaciones del convenio. Es el caso de Balay, que, con dos plantas en la comunidad --Montañana y La Cartuja-- y casi 2.000 trabajadores, lleva prácticamente un año negociando su pacto laboral. "Hemos convocado a toda la plantilla para que salga a la calle, porque la reforma supone un amplio recorte de derechos a los trabajadores", apunta el presidente del comité de Balay en Montañana, Santiago Mercado, que alude a aspectos que recoge el decreto como el absentismo, los ERE y el coste del despido.
En Pikolín, por ejemplo, hay un ERE vigente de 90 días que afecta a 870 empleados y expira en marzo del 2013. Tras la reforma, "la gente está muy cabreada", reconoce el representante del comité, Ángel Tello, que cree que "la gente acudirá masivamente" a las protestas. Además, no descarta que el malestar creado por la reforma desemboque en una huelga general, porque "hemos sido engañados y traicionados tras pactar un acuerdo de negociación colectiva" en España.
También en la planta de GM en Figueruelas hay un ambiente de "preocupación", según apunta el representante de UGT, Pedro Bona, que se muestra convencido de que "habrá mucha gente en la movilización". Con todo, incidió en la necesidad de "hablar y explicar" los contenidos de la nueva reforma a los trabajadores.
Olegario Sancho, presidente del comité de CAF en Zaragoza --empresa en la que trabajan alrededor de 800 personas y que está pendiente de la firma de su convenio--, reconoce la irritación de la plantilla, "pero otra cosa será ver quién acude a la protesta", indica. A su juicio, la reforma "perjudica mucho el futuro de los jóvenes y plantea un panorama oscuro con recorte de derechos".
LA FACTURA DE LA BANCA Los trabajadores del sector de banca son unos de los que más sufren la llegada de la nueva reforma, según apunta el responsable del sector de cajas de UGT Aragón, Luis Sánchez. La segunda ronda de fusiones, en ciernes, y el adelgazamiento de la estructura de oficinas va a suponer "una oleada de despidos" en los próximos meses, asegura Sánchez. "Ahora una persona que lleve 30 años en una entidad se podrá ir a la calle con 20 días y un máximo de 12 meses". El conjunto de las cajas pagaron una media de 300.000 euros por prejubilación en el anterior ajuste de empleo, pero con la entrada en vigor de la reforma laboral se facilita el despido vía ERE, con un coste medio de 24.000 euros.
No obstante, Luis Sánchez considera que "la gente solo se sensibilizará cuando le llegue la carta de despido; no sabe lo que se está jugando", afirma con rotundidad.
EL SECTOR PÚBLICO Otro colectivo afectado por la reforma es el de los trabajadores de la función pública y más concretamente el personal laboral. En Aragón hay 4.896 ligados a la administración autonómica, según datos facilitados por la DGA. A ellos hay que sumar los vinculados a la central. Pues bien, aunque desde el Ejecutivo aragonés no se contemplan reducciones en este colectivo, la nueva reforma laboral contempla el despido del personal laboral de la administración. "Nunca se han planteado despidos en Aragón, pero si fuera así nos opondríamos con todas nuestras fuerzas", subraya el responsable del sector de la administración autonómica del sindicato CSI-CSIF, Pablo Asín. Su homólogo en el sector de la administración local, Carmelo Pardos, también advierte del riesgo de ERES y de despidos en los ayuntamientos aragoneses, que afrontan una "grave crisis de liquidez". Hoy los ciudadanos dictarán sentencia.
