El rescate europeo de España para recapitalizar la banca es la historia de una intervención anunciada, que ha sido impuesta al Gobierno de Mariano Rajoy por sus socios de la Unión Europea (UE) para evitar males mayores: el contagio de la crisis española al resto del sector financiero europeo y una intervención en toda regla a España dentro de unos meses cuando la deuda pública hubiera alcanzado unos tipos de interés insostenibles a causa de la desconfianza hacia la banca española.
Pese a los desmentidos oficiales gubernamentales, la Comisión Europea, el Banco Central Europeo (BCE), Alemania y otros países de la eurozona llevaban meses intentando convencer al Gobierno de que aceptara recurrir al Fondo Europeo de Estabilidad Financiera para recapitalizar la banca y acabar con las incertidumbres que pesaban sobre el sector financiero y que estaban penalizando la deuda pública hasta niveles peligrosos.
El Gobierno se negó hasta el final a ello para no pasar por la humillación política del rescate e intentó por todos los medios que el fondo europeo prestara directamente la ayuda a los bancos, pese a que lo prohíbe el reglamento. El primer ministro holandés, Mark Rutte, tuvo que recordarle públicamente a Rajoy en Madrid el jueves que era imposible que el fondo de rescate prestara dinero directamente a los bancos.
Sugerencia en marzo
Ante las dificultades de financiación de los bancos españoles, que dependen en gran medida de los préstamos del BCE, la Comisión Europea comenzó a plantear al Gobierno en marzo la conveniencia de recurrir al fondo europeo de rescate para recapitalizar los bancos. "Es una opción que el Gobierno debería plantearse utilizar", insistían en el Ejecutivo comunitario. Sin embargo, el ministro de Economía, Luis de Guindos, aseguró al Eurogrupo que la reforma bancaria de febrero, que obligaba a aumentar las provisiones por los activos inmobiliarios, "resolverá el problema" y descartó una inyección pública de capital en la banca.
Mientras Guindos afirmó triunfalista a final de marzo que "España ha dejado de ser un problema" para la eurozona, el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Olli Rehn, subrayó en la misma reunión del Eurogrupo que "la situación de España es muy difícil".
A medida que los tipos de interés de la deuda española eran cada vez más altos y las dificultades de financiación de la banca española se hacían más patentes, el Eurogrupo y el BCE aumentaron la presión. El BCE rehusó intervenir en el mercado secundario en apoyo de la deuda española y su presidente, Mario Draghi, advirtió el 4 de abril a España que "los mercados esperaban más reformas".
El descubrimiento de la grave crisis oculta de Bankia en mayo provocó que se redoblara su presión sobre el Gobierno para "resolver de una vez por todas la crisis bancaria". El presidente del Eurogrupo, Jean-Claude Juncker, instó públicamente al Gobierno el 14 de mayo "a constituir reservas creíbles para el caso de que fueran necesarias" para recapitalizar a la banca y a realizar "una valoración independiente de los activos inmobiliarios" en manos del sector financiero, para conocer el valor real del riesgo de la banca. "La rapidez es esencial", dijo.
En ese momento, Guindos y más tarde Mariano Rajoy comenzaron a pedir reiterada e infructuosamente una intervención del BCE en apoyo a la deuda española con el argumento de que "España ha hecho los deberes". Draghi descartó una y otra vez cualquier intervención de apoyo a la deuda pero impuso al Gobierno la supervisión del BCE a la crisis bancaria española, poniendo de manifiesto la desconfianza creciente europea hacia la capacidad del Ejecutivo de resolver satisfactoriamente el problema.
La aparición de un nuevo déficit público oculto de las comunidades autónomas dañó aún más la ya maltrecha credibilidad gubernamental.
Crisis de Bankia
Draghi no escatimó las críticas a la gestión del Gobierno en el Parlamento Europeo cuando afirmó que la crisis de Bankia se había afrontado "de la peor manera posible" y que se había "subestimado la gravedad del problema" y las necesidades de capitalización de las entidades en apuros. Ante las peticiones de apoyo a la deuda, repitió que "el BCE no puede llenar el vacío de la inacción de los gobiernos".
Con el mercado interbancario semiparalizado como secuela de la crisis bancaria española y con el tipo de interés de la deuda española a 10 años por encima del 6,2%, el Eurogrupo, el BCE y el Fondo Monetario Internacional (FMI) decidieron a finales de la semana pasada forzar la mano a Rajoy y obligarle a pedir la ayuda para desactivar la amenaza española antes de que contagiara al resto del sector financiero europeo y antes de las elecciones griegas del 17 de junio, que incrementarán las tensiones sobre la eurozona.
El detonante final fue la abrupta degradación el viernes en tres niveles de la nota de la deuda española por la agencia Fitch hasta el BBB y la amenaza de Moody's de bajar la calificación a la mayoría de países de la eurozona por el impacto de la crisis en España y Grecia. Juncker inició los preparativos para un Eurogrupo extraordinario y tras un tenso debate de dos horas y media por teleconferencia Guindos acabó aceptando el sábado el rescate.
"Francia está muy satisfecha del acuerdo para resolver la situación con rapidez", dijo el ministro francés de Finanzas, Pierre Moscovici. "Si España cae en una situación catastrófica, uno ya puede olvidarse de los bancos alemanes y franceses", admitió el ministro luxemburgués de Finanzas, Luc Frieden. "Hay mucho dinero holandés invertido en España vía bancos y fondos de pensiones. El colapso de los bancos españoles, un riesgo actual, tendría graves consecuencias para Holanda", dijo el primer ministro Mark Rutte para justificar la ayuda.
