Los expertos en los servicios sociales han lanzado esta semana en Madrid un llamamiento de auxilio a la Administración ante el "riesgo claro" de que "este mismo año se disparen los casos de exclusión social en España". Los responsables de estos centros, entre las conclusiones del debate que han realizado, alertan de que "el próximo invierno se puede registrar un aluvión de peticiones de auxilio, de familias en situación de exclusión".

Así lo destaca la Asociación de Directores de Servicios Sociales, que preside el director del albergue de Zaragoza y de la Casa de Amparo, Gustavo García, quien pronosticó que también en Aragón y en ciudades como la capital aragonesa, donde además "las instalaciones no podrán soportar el aumento de casos que se avecina".

Es una previsión basada en cifras, como que se han triplicado las solicitudes de ayuda en los servicios sociales --no en el albergue--, o las que el Instituto Nacional de Estadística y colectivos especializados ya destacan.

Uno de cada cinco españoles (un 21,8%) está en situación o riesgo de pobreza, un 7,7% declara que en los últimos meses no ha pagado algún recibo fundamental, como la luz, el agua o la hipoteca, o no tiene para comida, en 500.000 familias no entra ningún ingreso.

CHABOLISMO Pero lo peor es la tendencia. Cada vez hay más personas que llegan con "casos extremos, al borde de la exclusión social". Ya no es solo que no pueden pagar los gastos básicos. "Todavía existe la concepción de que los servicios sociales son para pobres y nadie se ve dentro de ese perfil en un primer momento". Antes, recurren a los bancos, que "les refinancian sus deudas a mayor interés o les piden más avales, y más adelante se encuentran con la misma situación de impago, con la casa perdida o a punto de perderla, teniendo más deudas con los bancos y arrastrando a más miembros de la familia".

"Si se acude antes, se puede actuar mejor", advierte Gustavo García, quien además pone la voz de alarma en otro aspecto a tener en cuenta: el chabolismo. Hace solo un año que Zaragoza eliminó el último asentamiento permanente en la ciudad, tras más de 30 años de trabajo intentando dar salida a esas familias. "Ahora el riesgo de que se vuelvan a producir vuelve a ser alto, y tardaremos otras tres décadas en solucionarlo", concluye.