En septiembre, las familias y las empresas españolas estarán peor que ahora. La subida del IVA perjudicará a las primeras porque hará que el coste de la vida vuelva a aumentar, y castigará a las segundas al generar una nueva reducción de sus beneficios.

La creencia popular de que el aumento del IVA conduce a un incremento equivalente en el importe de venta es falsa. No sucede ni en plena expansión económica ni en casi ningún bien, aunque tenga una demanda muy fiel. Así, las empresas comercializadoras de gasolina nunca suelen repercutir sobre el consumidor la totalidad de la subida de los impuestos indirectos que la gravan.

Por tanto, aunque los precios aumentarán no lo harán tanto como estiman los ciudadanos. Dada la extrema debilidad de la demanda, un elevado número de empresas preferirá absorber la mayor parte de la subida (reduciendo su margen de beneficio por unidad vendida) que arriesgarse a sufrir una gran disminución de ventas.

No obstante, las estrategias de las empresas no serán ni mucho menos iguales. Algunas optarán por mantener los actuales precios y hacer una gran campaña publicitaria para mejorar su imagen y aumentar clientela. Probablemente, la mayoría serán grandes multinacionales que exigirán a sus proveedores una rebaja. Para continuar operando, estos implementarán todas o algunas de estas medidas: disminuir la calidad de sus productos, bajar los salarios de sus trabajadores y reducir la plantilla.

Otras empresas decidirán pasarse totalmente a la economía sumergida, o hacer más actividades en ella, para evitar las negativas repercusiones de la subida del IVA. Las más incentivadas serán aquellas que han visto cómo dicho impuesto aumenta desde el 8% al 21%. Así, en los próximos meses, observaremos el cierre de numerosos establecimientos de belleza y estética y el aumento de la oferta de servicios de peluquería y manicura a domicilio.

Una actividad donde no subirá el IVA en septiembre será la compraventa de vivienda nueva. Hasta el 31 de diciembre, el tipo será del 4%. A partir de dicha fecha, será del 10%. Esta medida, unida a la desaparición de la desgravación fiscal, augura una larga crisis inmobiliaria, ya que la eliminación de subvenciones y la subida de impuestos (probablemente también lo hagan los que gravan los pisos usados) harán que la vivienda se encarezca el próximo año. En lo que resta de ejercicio, la subida de ventas será marginal ya que la escasa disponibilidad de crédito, las expectativas de grandes bajadas de precio en un próximo futuro, el elevado paro y la incertidumbre económica retraerán a la demanda solvente.

En definitiva, al regreso del verano, todos seremos más pobres. La recaudación aumentará, pero menos de lo previsto por el Gobierno debido a la disminución de las ventas y al relativamente escaso incremento de precios observado. Debido a ello, no sería de extrañar que en un relativamente breve periodo de tiempo, el Gobierno optara, siguiendo nuevas sugerencias de la Comisión Europea, por subir el IVA general desde el 21% al 23%. Es el vigente en Grecia, Portugal e Irlanda.