El decreto del fiscal jefe de Zaragoza define las preferentes como "un instrumento financiero ciertamente complejo y de riesgo elevado" cuyo "mismo nombre es un despropósito": "Es una denominación engañosa por sí misma e inductora a confusión aún incluso a personas con conocimientos técnico jurídicos no avanzadas como inversores". En los últimos años, bancos y cajas de ahorro han emitido "profusamente" estos productos "como parte de su estrategia dirigida al saneamiento de sus balances ante la severa crisis financiera que les afecta", añade la resolución, que explica que el fin que esas entidades buscaban "sistemáticamente" con ellas era "transformar en patrimonio neto el pasivo, representado por el dinero que los suscriptores de aquellas mantenían en régimen de contratos de depósito bancario". Esa captación, efectuada a través del personal de las sucursales aprovechando la confianza de los clientes, hizo que estos últimos se pasaran, "muchas veces sin pretenderlo, de ahorradores clásicos a financiadores de riesgo".
