En el otro extremo de la balanza del debate están los empresarios, la iniciativa privada que defiende que a través de la inversión se generan puestos de trabajo y sirven de «locomotora de la economía y también para pymes y autónomos». Así lo apuntaba ayer Ricardo Mur, presidente de CEOE Zaragoza, y principal voz discordante con lo que reclamaban ayer los colectivos de comerciantes. Entre ellos, uno de sus socios, La Federación de Comerciantes ECOS, que ayer fue en la reunión de los más críticos con la aprobación del plan especial de los suelos de Pikolín que permitirá abrir el macrooutlet en la carretera de Logroño. Sin embargo, las inversiones importantes, para quienes representan el tejido empresarial, no se pueden dejar pasar como si nada, porque también se ven desprotegidos por un Gobierno municipal, el de Zaragoza en Común (ZeC) que debería prestar más atención a la gestión y menos a sus propios «objetivos ideológicos».

«Somos parte de la vida de la ciudad pero solo se nos ve como un elemento para aumentar la recaudación», lamentaba Mur en declaraciones a este diario. A su juicio, se está intentando «enfrentar a las grandes empresas con el comercio minorista» cuando ZeC debería plantearse el «respeto a la legalidad» y también en los «tratamientos diferentes y la especialización» con la que dotar al Plan de Comercio Local.

En su opinión, son temas distintos que se están mezclando por intereses ideológicos de quienes tienen la capacidad de gestionar o de bloquear inversiones que son interesantes para la ciudad.

Pero sobre todo, destacaba el presidente de la CEOE en Zaragoza, es una cuestión de «cumplir con los compromisos adquiridos» con la empresa Pikolín en el 2008. «En la legislatura en la que gobernaba Juan Alberto Belloch se firmó un acuerdo a cambio de mantener la factoría en zaragoza. Y hubo compromisos urbanísticos. Lo que no puede hacer el ayuntamiento es no cumplir con su parte», relataba.

Él aseguraba haber visto ese documento. Y en este caso cree que la intencionalidad de este debate es, de nuevo, imponer de nuevo medidas que penalizan a grandes inversiones que prometen empleo y también a la «libertad de los zaragozanos de elegir dónde comprar».

En su caso, llueve sobre mojado, ya que tampoco olvidan que este debate se produce en plena aprobación de las ordenanzas fiscales para el 2017 que también penaliza a las grandes empresas. «Es malo que Zaragoza no se vea fuera como una oportunidad para invertir», concluía Mur, por la subida de impuestos en el IBI y la paralización de proyectos.