Mayte Pérez, consejera de Educación del Gobierno aragonés, rebosaba satisfacción al término del encuentro con el ministro. La comunidad se ha erigido, desde que Pérez accedió a la consejería, de adalid y puntal básico en la lucha contra la LOMCE y la aplicación de su normativa, por lo que la marcha atrás del ministerio se entendió, desde Aragón, como «un triunfo de toda la comunidad educativa», indicó la consejera.

Para ella, el acuerdo aprobado ayer supone «un punto de inflexión» por el que «se despeja el horizonte de los alumnos de Bachillerato, reproduciendo una Selectividad igual en el fondo y en la forma y pone en suspenso las reválidas de 6º de Primaria y 4º de ESO». Pero, además, el entente cordial «abre un clima de diálogo y convivencia que es clave para emprender un nuevo camino que dé seguridad a la comunidad educativa», expuso.

El acuerdo incluye que Aragón, al igual que el resto de comunidades que acudió a los tribunales, retirará los recursos al Supremo, al igual que el ministro hará lo propio con los recursos judiciales planteados a las comunidades por incumplimiento en la ejecución de las reválidas --Aragón no cumplió, pero el Estado no ha acudido a la Justicia tras enviarle un requerimiento--. «Desjudicializar lo que se refiere al ámbito educativo es bueno para el entendimiento y para serenar el debate», resaltó la consejera, que se congratuló de iniciar «un nuevo camino con la actitud necesaria y dejando de lado lo que nos separa para crear un marco común con lo que nos une, pensando siempre en conseguir lo mejor para nuestros alumnos».

ALIVIO// Para Pérez, la reunión con el ministro deparó un clima «de alivio» que los diferentes consejeros autonómicos valoraron positivamente, «agradecidos por un cambio de actitud del ministerio que ha hecho posible el acuerdo. Todas las partes han realizado cesiones, como es normal, pero creo que se ha estimado una petición unánime de la sociedad y de las administraciones educativas».

Mayte Pérez recordó que el Gobierno de Aragón es contrario a la LOMCE, por considerarla una ley «que no da respuesta a las necesidades de la comunidad educativa y que nació con un fuerte rechazo político y social». Por ello, se trabajará en un nuevo marco legal en el seno de la subcomisión creada en el Congreso para conseguir un pacto educativo. «Estamos en contra de la LOMCE, pero sabemos que no es posible derogarla porque para esto hay que plantear una alternativa y confiamos en que surja de ese diálogo, de esa subcomisión para el pacto», añadió la consejera, que insistió en que «a partir de ahora iniciamos un nuevo camino de trabajo siempre atendiendo la demanda de la sociedad para conseguir lo mejor para nuestro alumnado».

Por su parte, las consejeras de Cataluña, Meritxell Ruiz, y del País Vasco, Cristina Uriarte, manifestaron un apoyo crítico al acuerdo por cuestiones competenciales. Ruiz reprochó que no se derogue la disposición adicional 38 de la LOMCE, por la que la Generalitat debe costear la escolarización en castellano de los alumnos que lo demanden cuando el sistema no pueda proporcionarla de manera ordinaria.

Por su parte, para el consejero de Educación de Asturias, Genaro Alonso, el acuerdo es «un éxito sin precedentes» y el de Navarra, José Luis Mendoza, valoró el cambio de actitud y su homóloga de Canarias, Soledad Monzón, se mostró muy satisfecha porque llevaban un año y medio de «lucha» contra las «reválidas».