La constructora Acciona ha avalado finalmente a sus ejecutivos José María Jordán y Miguel Ángel Bretón, exgerentes de la UTE adjudicataria de las obras de urbanización de la plataforma logística, para que depositen las fianzas de seis y dos millones de euros que, respectivamente, les exige el magistrado del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, José Ignacio Martínez, para que puedan recuperar sus pasaportes, que les fueron retirados tras declarar como imputados a finales de agosto por su presunta relación con el saqueo de 50 millones de euros en el complejo denunciado por la Fiscalía Anticorrupción.
La decisión de Acciona causó sorpresa ayer en medios judiciales, empresariales y políticos de la comunidad, ya que supone respaldar a dos empleados sospechosos de estar implicados en un descomunal desfalco que, al menos hasta ahora, no ha salpicado a la constructora. De hecho se trata de las dos mayores fianzas nunca impuestas en Aragón, donde hasta esta semana ostentaba el récord la exalcaldesa de La Muela, Mariví Pinilla, que tuvo que depositar en el Juzgado número 1 de La Almunia 800.000 euros para salir de la cárcel de Zuera en la operación Molinos.
Los avales, de seis y dos millones de euros, han sido emitidos a favor de Bretón y de Jordán por una entidad bancaria tras formalizar Acciona una contragarantía. Es decir, que si se dieran a la fuga --el juez expuso en un reciente auto su temor a que pudieran hacerlo-- sería la constructora quien debería devolver al banco el dinero que, de manera automática, intervendría el Juzgado número 1 de Zaragoza.
COMPARECENCIA
Los dos imputados se presentaron ayer por la mañana en el juzgado, acompañados por la letrada y actual gerente de la UTE, Elena Mariscal de Gante, para depositar los avales y recuperar sus pasaportes. Sin embargo, tras celebrar una comparecencia, el juez denegó la petición ya que habían presentado una copia de los avales y el auto que les impone la medida cautelar exige que entreguen los originales. Tienen previsto hacerlo el próximo lunes, cuando vayan a firmar su comparecencia semanal.
Los dos imputados pidieron hace unas semanas al juez que les devolviera los pasaportes para poder reincorporarse a sus puestos de trabajo. Jordán está destinado en Brasil desde que en el 2010 trascendieron sus contactos con el empresario muelano Carmelo Aured, condenado por fraude fiscal, acusado en el caso Becerril --Fiscalía le pide dos años-- e imputado en la operación Molinos. Bretón le sustituyó al frente de la UTE Plaza antes de ser enviado a Colombia.
En el auto en el que condicionó la entrega de los pasaportes al depósito de las fianzas, el juez les atribuye un desfalco de "más de seis millones de euros" en las obras de Plaza mediante "maniobras falsarias" efectuadas "en contubernio con otras personas" relacionadas con esos trabajos.
OFICINA CONSULAR
Ahora deberán entregar los pasaportes en la oficina consular de la que dependan sus domicilios en Brasil y Colombia --Sao Paulo y Bogotá--, ante las que deberán comparecer los días 1 y 15 de cada mes. Únicamente podrán recuperarlos con una autorización expresa del Juzgado de Instrucción número 1 de Zaragoza, que puede requerir su presencia en la capital aragonesa en cualquier momento de la investigación.
En el caso Plaza están imputados, además de Jordán y Bretón, el exgerente de Plaza, Ricardo García Becerril, el exdirector técnico del complejo logístico zaragozano, Miguel Ángel Pérez, y Nico Groeneveld, ejecutivo de la consultora Intecsa-Inarsa, contratada por la empresa pública para que vigilara el correcto desarrollo de los trabajos de urbanización.
