El artículo 66 de la Ley de Derecho de la Persona, vigente en Aragón desde el 23 de abril del 2007, obliga a los padres a costear la formación profesional de sus hijos mayores de edad y/o emancipados cuando estos carezcan de recursos para hacerlo por su cuenta. Ese deber "se mantendrá (...) solo en la medida en la que sea razonable exigirles aún su cumplimiento y por el tiempo normalmente requerido para que aquella formación se complete". La obligación se extinguirá "al cumplir el hijo los veintiséis años, a no ser que, convencional o judicialmente, se hubiera fijado una edad distinta, sin perjuicio del derecho del hijo a reclamar alimentos".