El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, ha cumplido otra de sus promesas electorales: crear un organismo que se encargue de prevenir y paralizar los desahucios. La nueva Oficina Municipal de Vivienda, operativa desde hoy, tiene como objetivo acabar con la "emergencia habitacional" asesorando y facilitando a las familias en riesgo de sufrir un desalojo forzoso todas las alternativas existentes para afrontar las negociaciones con los propietarios de las viviendas, ya sea con bancos o particulares, en propiedad o en alquiler.
El concejal de Vivienda, Pablo Híjar, explicó que esta oficina está integrada en Zaragoza Vivienda y nace de la suma de tres programas: Mediación en Deuda Hipotecaria, Mediación en Arrendamiento de Vivienda y Punto de Asesoría Energética.
El centro tendrá una triple función: informar, asesorar e intervenir. Como novedad, el consistorio se ha propuesto "conseguir la atención inmediata de los servicios sociales". La idea es evitar situaciones de "saturación" que originen "listas de espera", apuntó Híjar. Una condición muy importante, como recalcó el concejal, ya que, en el caso de los conflictos por arrendamiento los alzamientos pueden producirse "en tres meses". Esto se podrá llevar a cabo gracias al convenio de colaboración firmado con el Colegio de Trabajadores Sociales que permitirá que las familias puedan acudir directamente a esta nueva oficina.
PRESUPUESTO
Se destinarán 662.000 euros. La vicealcaldesa, Luisa Broto, explicó que la modificación de crédito aprobada el pasado lunes en el pleno municipal para incrementar la partida de ayudas urgentes ha permitido que se pueda abrir esta oficina. Estará integrada por siete profesionales: tres coordinadores de programas, dos del equipo técnico y dos técnicos. Gracias a los convenios con el Colegio de Abogados de Zaragoza y de Trabajadores Sociales, contará con el apoyo de siete letrados y dos trabajadores sociales.
Broto explicó que, además de trabajar con las familias y orientarles en la medición, la oficina tiene por delante un reto fundamental: la prevención a largo plazo. Para ello, explicó que se proporcionará más información con el fin de que la sociedad "sea consciente de todos los derechos que tiene" en materia de vivienda.
El programa está dirigido a familias con deuda de bienes de buena fe por causas sobrevenidas que residan en Zaragoza; con una única vivienda en propiedad o cuyo domicilio en alquiler sea el habitual; con unos ingresos familiares que no superen tres veces el sueldo mínimo interprofesional y que estén afectadas por una situación objetiva de sobreendeudamiento por situaciones sobrevenidas. Las restricciones actuales para ser atendido en la oficina serán más flexibles que las existentes en el convenio entre el Poder Judicial, el Gobierno de Aragón y la Federación de Municipios y Provincias, puntualizó el responsable de Vivienda.
Por ejemplo, explicó, hasta ahora se concedía una ayuda a una familia monoparental con un hijo de tres años, en cambio, si el menor tenía 4, ya no podía optar a la subvención.
El programa será integral y se trabajará directamente con las familias estableciendo canales de negociación entre el arrendatario y el inquilino en riesgo de ser desalojado. Además, se tratará de buscar soluciones cuando las negociaciones haya finalizado para evitar cualquier desalojo forzoso como alcanzar un compromiso de pago de la deuda o su renegociación o aumentar la bolsa de alquiler social municipal.
