El director general de Presupuestos del Gobierno de Aragón, Manuel Galochino, justificó ayer ante los grupos parlamentarios los motivos por los que varias enmiendas de los partidos no se incluyeron en los Presupuestos del 2016. Entre ellos, destacó el elevado volumen de enmiendas presentadas y «el tiempo limitado» para analizarlas. También indicó que en ocasiones no se incluyeron por problemas jurídicos y restó importancia a la trascendencia de este hecho. Así, indicó que solo se vieron afectadas dos enmiendas y tres transaccionales que movían solo 170.000 euros.

Para evitar que esta situación se repita, Galochino planteó la posibilidad de que a partir de ahora se puedan reunir técnicos del Gobierno con los de las Cortes para «mejorar la gestión de la tramitación» de los presupuestos, y destacó la labor de los profesionales que deben trabajar contra el reloj para incorporar todos los textos a los presupuestos.

Galochino compareció a petición del grupo popular y después de que la Letrada Mayor de las Cortes elaborara un informe sobre la ausencia en los presupuestos de varias enmiendas presentadas por la oposición.

El informe era crítico con la actuación del Gobierno y también lo fue el diputado del grupo que había solicitado la comparecencia, Antonio Suárez. Para el popular, el Gobierno «debe cumplir con la ley» e introducir las enmiendas, y si hay algún fallo que lo impida, «tiene que venir a las Cortes e informar» a los grupos. De hecho, Suárez lamentó esa falta de información y consideró que es factible introducir las ocho enmiendas en cuestión. También fue muy crítico el diputado de Podemos, Héctor Vicente, quien acusó a Galochino de «tergiversar» el informe de la Letrada Mayor de las Cortes. Vicente también lamentó que este fallo no se hubiera resuelto hace meses, con una llamada a los grupos que habían presentado esas enmiendas.

Al igual que PP y Podemos, la diputada del PAR, Elena Allué, fue crítica con la gestión realizada por el Departamento de Hacienda en un asunto «sin precedentes en este Parlamento». Para Allué, «no cumplir un mandato de las Cortes que obliga al Ejecutivo es especialmente grave». Para Javier Martínez (Ciudadanos), el Gobierno «no ha actuado correctamente» y «ha habido error tras error, principalmente porque no venir aquí a informar».

El diputado de CHA, Gregorio Briz, no apreció «mala fe» en la actuación de la consejería, aunque sí una posible «cierta desidia» pero recriminó la dureza del discurso del PP. Por su parte el diputado del PSOE, Alfredo Sancho, justificó la gestión efectuada por la Consejería de Hacienda ante la «complejidad» de la tramitación presupuestaria.