Salvo cancelaciones de última hora, el Gobierno de Aragón se reunirá mañana con representantes del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), el Ayuntamiento de Zaragoza y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) o de la esfera judicial en Aragón para tratar de acordar medidas urgentes en torno a los desahucios. Así lo anunció la semana pasada la consejería de Vivienda del Gobierno autonómico, tras una reunión con representantes de Stop Desahucios.
El motivo de la necesidad de estas medidas es la ausencia prácticamente total de viviendas para realojo con alquiler social en la capital, que confirmó tanto la directora general de Vivienda, Mayte Andreu, como el concejal encargado en el consistorio, Pablo Híjar. Salvo las adjudicadas a entidades sociales --cuya rehabilitación se intentará acelerar--, apenas hay parque para realojar a los desahuciados, y los lanzamientos se siguen produciendo.
Así se lo hicieron ver al Gobierno de Aragón los representantes provinciales de Stop Desahucios, y el consistorio se declaró incapaz de atajar la emergencia con el escaso parque que tiene en propiedad.
El Gobierno de Aragón sigue manteniendo el compromiso de aprobar antes de finales de año un Decreto Aragonés de la Vivienda, con medidas consensuadas con las entidades con las que se reúne mañana de carácter más permanente. Pero las entidades sociales les instan a adoptar otras inmediatas ante la escasez de viviendas.
Los partidos que hoy conforman el Gobierno (PSOE y CHA), junto con Podemos, IU y CHA, firmaron durante la campaña electoral el compromiso por un Aragón sin Desahucios, que incluía medidas concretas como la moratoria del pago para deudores de buena fe, o la expropiación de viviendas en estoc de algunas entidades. Aún no hay noticias de resoluciones firmes al respecto.
Lo que parece más cercano, y también es una reivindicación constante de los colectivos, es la modificación de la normativa para que los que acumulen deudas con la Seguridad Social o Hacienda a causa de negocios en quiebra o cuotas impagadas de autónomos, por ejemplo, no se vean excluidos por ello del acceso a alquileres sociales con los que seguir teniendo un techo.
Por el momento habrá que esperar para conocer qué medidas inmediatas puede y está dispuesto a adoptar el Gobierno autonómico para los realojos.
