Ecologistas en Acción presentó ayer un recurso de alzada ante la resolución del Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) por la que se modifica la autorización ambiental para la instalación en Monzón de una incineradora de biomasa a 600 metros del casco urbano.

Los conservacionistas consideran que el documento suscrito por el departamento de Salud Pública en el que se decía que si se cumplían los valores límite se considera que la salud no se verá afectada, «carece de fundamento científico».

El recurso de alzada es un paso previo para interponer, en el caso de que no prospere, otro recurso contencioso más.

Los ecologistas, que quieren que la planta se aleje suficientemente de las poblaciones, critican que los valores de contaminación de fondo usados para los estudios de contaminantes se han obtenido de la estación de medición de Monzón, cuya ubicación no cumple la legislación existente al estar rodeada de barreras arbóreas y un edificio que retienen las emisiones de partículas en suspensión contaminantes.

Además inciden en que los valores límite usados en la legislación «utilizan criterios de coste-efectividad en los que la salud compite con el coste beneficio», por lo que destacan que para preservar la salud humana «se deben perseguir los límites de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que son mucho más estrictos con los contaminantes».

Este es otro escollo en los trámites para esta actividad industrial que ha puesto en alerta a los vecinos de Monzón.