El polémico decreto del Gobierno que obliga a pagar la atención sanitaria a los extranjeros sin seguro desde el pasado día 1 de septiembre volvió a enfrentar ayer al Gobierno de Aragón y a los colectivos que defienden los derechos de los inmigrantes en la comunidad.

El desencuentro tuvo lugar durante la constitución del nuevo Foro de la Inmigración, un organismo creado en el 2002 y del que forman parte, además del Ejecutivo y de algunas agrupaciones de extranjeros, entidades e instituciones vinculadas a este sector de la población. La presidencia de un ente que no se había convocado aún desde que el PP ganó las elecciones, recae en el titular del departamento de Sanidad, Ricardo Oliván.

OLIVÁN PIDE CONFIANZA El consejero insistió en pedir al colectivo inmigrante que "recurra a la sanidad con la misma confianza de siempre"."No es una ocurrencia de nadie y aplica una directiva comunitaria del 2007", explicó Oliván, quien argumentó que "toda atención sanitaria tiene que tener alguien que la financie". El consejero informó de que cuando el inmigrante no asegurado "no cuente con recursos, tendrá que abonar la asistencia" y cuando no --circunstancia que será evaluada por "un asistente social"--, se le emitirá una "factura en la sombra, pero para que conste la cantidad".

En el caso de los países que tengan un convenio bilateral con España, se les remitirá a sus respectivos gobiernos, como ya ha empezado a ocurrir, según dijo el propio consejero. "Hay que distinguir entre emitir facturas y cobrarlas", remarcó Oliván, que anunció que "no ha habido incidencias y la medida se ha implantado con naturalidad".

La Plataforma de Inmigrantes de Aragón, por su parte, mostró su "intranquilidad" ante la nueva situación. Su presidente, Leandro Piragini, cuestionó que los inmigrantes sin seguro no queden como "deudores" del sistema, duda que comparte Katrina Belsué, de SOS Racismo, "a la hora, por ejemplo, de arreglar papeles". Belsué, que ayer habló como portavoz de la Plataforma Salud Universal, integrada por una treintena de colectivos, pidió que no se aplique el decreto. "Si todo sigue igual, como dice el consejero, ¿para qué cambian la norma?", se preguntaba la representante de la plataforma.

Sus miembros, algunos de los cuales se sientan en el foro, denunciaron ayer que la información que se suministra a los extranjeros en los centros de salud no es clara. "Debería resultar más comprensible, figurar en varios idiomas y reflejar las tarifas que se van a cobrar".