La fiscalía mantiene la petición de 62 años de cárcel para María del Carmen Alejandre, acusada de provocar en 2015 el incendio de la residencia Santa Fe de Zaragoza, por el que murieron nueve ancianos y resultaron heridos otros nueve.
A esta petición se han adherido las acusaciones particulares, de las que tres mantienen la responsabilidad civil subsidiaria del Gobierno de Aragón.
El juicio que se ha celebrado en la Audiencia Provincial de Zaragoza por este incendio ha finalizado hoy con la exposición de las conclusiones antes de que el lunes se reúna el jurado para deliberar.
La fiscal, Pilar Cavero, ha mantenido la petición de penas para la acusada, que suman 62 años de cárcel por 9 delitos de homicidio, otros 9 de lesiones y uno de incendio provocado, y ha recomendado su internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario dada la atenuante de "alteración psíquica".
Ha explicado que no ha imputado al Gobierno de Aragón la responsabilidad civil subsidiaria porque la autora de estas muertes no tenía vinculación con la administración, aunque ha recordado que las familias de los damnificados pueden reclamar que responda de forma patrimonial por la vía contencioso administrativa.
Frente a este posicionamiento, tres acusaciones particulares mantienen la petición de responsabilidad civil del Gobierno de Aragón.
El representante legal del Gobierno de Aragón, José Luis Gay, ha defendido que, en base al principio de legalidad, no se puede demandar la responsabilidad civil subsidiaria a la administración autonómica.
Gay ha argumentado que la residencia era "cien por cien privada" y que el Gobierno de Aragón hizo múltiples requerimientos, que fueron desatendidos por la titular del inmueble, por lo que fue sancionada, y que los inspectores podrían haber decretado el cierre en caso de peligro "inminente".
Con respecto al incendio, fiscalía y acusaciones han mantenido que la acusada es la única que pudo provocarlo, que no resultó lesionada y que intentó trasladar la culpa a los ancianos que fumaban cuando los informes periciales, que sitúan el origen en la primera planta de la residencia, niegan que el origen fuera una colilla.
Han destacado además que estaba enfadada, que había amenazado con hacer "algo gordo" y que su hijo "se iba a acordar" y sabía lo que hacía y han relatado que su comportamiento posterior fue "frío y no lloró ni le importó en ningún momento".
La abogada de la defensa, Sara Pradas, que ha solicitado la absolución, ha aseverado que "nadie ha podido acreditar fehacientemente que hiciera eso, son sospechas infundadas porque tiene mal carácter", que los forenses y psiquiatras reconocen que tiene una discapacidad mental "leve" que no le impide saber lo que hace "aunque sí que si quema un colchón no sabe lo que va a pasar".
Y ha apuntado que, en todo caso, habría sido "culpable de un delito de incendio con resultado de muerte" pero que se le reclaman penas por homicidio, que es matar, "cuando en ningún sitio consta esa intención".
La acusada, María del Carmen Alejandre, ha reiterado que no le gustaba la residencia Santa Fe, que ha definido como una "casa de cerdos" y en la que cogió "'hongadas', colesterol y todo lo que tengo -ha afirmado-"
