Los diez acusados de haber estafado a más de cien cooperativistas que iban a comparar una promoción de VPO en Zaragoza, entre Arcosur y Valdespartera, se enfrentan al pago de 6 millones de euros en multas por cabeza (60 millones en total) por blanqueo de capitales. Es lo que pide para ellos la Fiscalía, que les solicita asimismo 14 años de prisión por este delito y la propia estafa, o apropiación indebida. Además deberán devolver entre todos los más de 3 millones de euros que, según la acusación pública, se quedaron de los afectados.

Según el escrito de acusación, los diez imputados urdieron una trama de empresas pantalla y contratos fraudulentos para lograr quedarse el dinero. "La mecánica defraudatoria planficada y desarrollada (...) no perseguía otra finalidad que la de apropiarse de las sumas aportadas por los cooperativistas", refleja el ministerio público.

En esta presunta trama, desmenuzada por el Juzgado de Instrucción número 9 de Zaragoza y el grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional (en la operación Burbuja), intervinieron varios cabecillas. Todo comenzó cuando, en el 2008 , Julio P. M. y el abogado Pedro G. C. se prestaron a los cooperativistas para revitalizar la sociedad 2005 Valdespartera Sociedad Cooperativa, sin actividad desde el 2005.

CONTRATOS Para ello fundaron un nuevo consejo rector, y colocaron como presidente a otro acusado, Antonio Jesús V. A.. Se firmó un contrato entre la cooperativa y otra sociedad, 2005 Gestión Urbana Valdespartera, para gestionar el desarrollo. En ella figuraba como administradora la pareja de Julio P. M., Bárbara M. J., pero en realidad era de él. De hecho, al poco la adquirió oficialmente junto a otro acusado, Tomás L. P..

Pese a que el documento prohibía que esta gestión se cediera de cualquier modo a otra empresa (al menos sin acuerdo de todas las partes), se firmaron hasta dos contratos más (en el 2008 y el 2010) con otras sociedades de los acusados Gumersindo A. P. y Ángel Tomás T. M.. Por gastos de esta gestión, que la Fiscalía considera ficticios, se fueron pagando a cuenta de los cooperativistas cerca de 700.000 euros.

Por otro lado, la contabilidad la llevó el abogado gestor del trato, que además estuvo cobrando (siempre según la acusación) aún cuando la gestión de cuentas pasó a otra empresa. Además, el letrado compró participaciones de una de las empresas de la trama, por 451 euros en el 2008, y las vendió al año siguiente a otra por 75.000.

En otras operaciones de "cobertura de apariencias", para el fiscal, simularon sin ninguna intención la compra de terrenos a precios inconcebibles para ser VPO, y con plazos inasumbiles, pagando comisiones además. También llegaron a contar con un tesorero, Fernando B. L., que les facilitó la gestión de cheques.

Cuando los cooperativistas se olieron la trama y preguntaron en la DGA descubrieron que no había ni suelo, ni licencia, ni permiso, ni seguro.