La corrupción no es un problema que afecte solo a la política. Ese es el mensaje de quienes quieren, desde posiciones de extrema derecha, erosionar la democracia, como si la corrupción no hubiera florecido de modo exuberante en todas las dictaduras, en especial en la franquista, cuyas huellas corruptas todavía pueden rastrearse, a través de insignes apellidos y cargos, en nuestro presente.
Desgraciadamente, la corrupción afecta a la totalidad del edificio social, desde el deporte -¿qué es el dopaje, sino la expresión de un cierto tipo de corrupción?- hasta la política, pasando por la actividad económica o la administración de justicia. La corrupción es un fenómeno histórico, del que ya se da cuenta en relación a las obras públicas de Roma.
Esfuerzos
Ello no es impedimento para que vivamos el presente con indignación, al constatar que esa corrupción impregna a quienes, empresarios, políticos, reclaman de la sociedad esfuerzos para salir de la crisis. En todo caso, la corrupción no hace sino perfilar con mayor nitidez la brecha social, pues, por decirlo de alguna manera, salpica de una forma habitual a aquellos cuya situación económica es privilegiada. ¿Qué necesidad tenía, por ejemplo, el empalmado duque, sea culpable o no, de meterse por esos vericuetos?
En lo que a la corrupción política se refiere, abogo, como ya escribí hace meses en otro artículo, por una modificación de la Ley de Partidos. Dicha ley fue promulgada con el apoyo de PP y PSOE para combatir la violencia terrorista y planteaba la ilegalización de los partidos que ampararan o incluso no condenaran la violencia.
Todos sabemos qué celo se puso en que el entorno de Batasuna no pudiera reorganizarse. Pues bien, nada más sencillo que ajustar esa ley a lo que, en estos momentos, es el mayor cáncer del sistema democrático: la corrupción. Establézcase que todo partido que ampare la corrupción, que no la denuncie, que lleve en sus listas electorales candidatos relacionados con casos de corrupción, que muestre huellas de relación con actividades corruptas, sea fulminantemente ilegalizado.
Expulsión
Que se le expulse del juego democrático. El problema es cómo conseguir que los corruptos legislen contra la corrupción. Conseguir que los que en ocasiones he denominado montatanto, los PP-PSOE-CIU-PAR-PNV, que cobijan el 99% de los casos de corrupción, (porque no, no, todos los políticos no son iguales, ese es otro mensaje fascista que se puede desmontar con hechos), se hagan el harakiri, parece complicado. Solo la presión de la movilización puede empujar en esa dirección.
La actividad pública debería estar más sujeta al autocontrol y también debería ser mucho más implacable el papel de la Justicia. Hay que dar más pasos contra la corrupción.
