El Instituto Aragonés de Gestión Ambiental (Inaga) desestimó ayer un recurso interpuesto por Ecologistas en Acción para reclamar la anulación de la autorización ambiental integrada concedida a los promotores del proyecto de construcción de una incineradora de biomasa en Monzón. La resolución, que supone dar luz verde a la instalación, está firmada por la directora del Inaga, Marta Puente, y se hace pública el mismo día en el que el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Monzón tenía previsto tomar declaración como investigados a dos técnicos de este organismo y a otros dos del Ayuntamiento de Monzón por informar favorablemente el proyecto. Los interrogatorios se desarrollarán finalmente los días 27 de mayo y 10 de junio.
Los opositores al proyecto sostienen que la planta se quiere instalar demasiado cerca del casco urbano (a menos de 600 metros) y que tendrá un efecto negativo sobre la salud por la emisión de contaminación.
La responsable del Inaga señala que la autorización dada tiene la consideración de "acto firme", y se ampara en jurisprudencia del Tribunal Supremo para rechazar el recurso extraordinario de los ecologistas y argumentar que debió plantearse en la vía administrativa abierta en su momento.
La resolución, recurrible en la vía contencioso-administrativa, razona que la admisión de recursos extraordinarios no justificados atentaría contra el principio de seguridad jurídica al dejar en suspenso "sine die" los actos administrativos.
La empresa promotora del proyecto, Forestalia Renovables, valoró ayer, en un comunicado, el cierre de la vía administrativa ante una autorización ambiental considerada "la más estricta y rigurosa de cuantas han dictado los órganos ambientales del país sobre instalaciones del sector". Los promotores señalaron que las más de 150 condiciones planteadas en la autorización garantizan "nulas afecciones a la salud y al medio ambiente" derivadas de la actividad.
Tras señalar que las tecnologías aplicadas permitirán reducir en un 99% las emisiones de partículas, recordaron que la construcción de la planta exigirá una inversión de 150 millones. Además, añadieron, cuando esté en funcionamiento generará más de 500 empleos, entre directos e indirectos, y destinará en 25 años más de 500 millones de euros a la compra a de cosechas agroforestales.
