Una investigación policial por tráfico ilícito de medicamentos para su exportación iniciada en una farmacia de Palomar de Arroyos (Teruel) derivó, en el 2014, en una macrocausa a nivel nacional. Se intervinieron 123.000 envases y fueron detenidas 80 personas en toda España, 15 de ellas en la comunidad aragonesa. Todo ello, después de tres años, se ha convertido en un auto de archivo provisional que ayer firmó el magistrado de la Audiencia Nacional, Fernando Andreu.

En dicha resolución, que puede ser recurrida, el juez señalaque no aprecia delito penal por el que procesar a los sospechoso. Reconoce que faltan aspectos como cuantificaciones de perjuicio, con el que se justificaría que se produjo una estafa; o que no se puede apreciar un delito contra la salud pública porque «no hay constancia de denuncias de los organismos sanitarios de países receptores de fármacos que alerten de la distribución de medicamento caducados». Sobre la mesa también estaban otros como la falsedad documental, el blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública o de organización criminal; que han sido analizados del mismo modo.

JUZGADO DECANO

No obstante, deduce testimonio al Juzgado Decano de Granada para la investigación de un presunto delito contra la Hacienda Pública respecto de dos personas y cuatro empresas investigadas en dicha provincia.

Tras repasar toda la investigación llevada a cabo por la Guardia Civil, desgrana cada uno de los delitos de la instrucción que supuso, en su día, el mayor desmantelamiento de un entramado criminal dedicado al tráfico ilícito de medicamentos.

Sobre el delito contra la salud pública, no se ha acreditado que se haya producido la venta de medicamentos caducados ni deteriorados, que exige el tipo penal, entre los consumidores y tampoco en los países a los que se destinaba la exportación. «No se ha practicado lo largo de la investigación análisis de losmedicamentos intervenidos que acrediten su falta de eficacia curativa», destaca el magistrado, al tiempo que recuerda que «se solicitó en dos ocasiones por el Ministerio Fiscal la práctica de los análisis pertinentes no aportándose tales informes periciales por lo que tampoco puede afirmarse que los medicamentos utilizados por las diversas tramas dedicadas la distribución inversa (venta legal de medicamentos a farmacias, si bien una pequeña parte es apartada para comercializarla externamente) tuvieran sus propiedades curativas disminuidas»,

FALSEDAD

Sobre la falsedad, el juez Andreu señala que, si bien la Guardia Civil destaca que hubo simulación de recetas oficiales, la Fiscalía ha solicitado en varias ocasiones la incorporación de estos documentos oficiales para poderlos analizar, si bien no los han recibido. Asevera que, pese quedar perfectamente descrita la distribución inversa «no se ha podido cuantificar, pese haberse solicitado en diversas ocasiones como diligencia, el perjuicio causado la administración sanitaria». Entre ellos el Servicio Aragonés de Salud.

Tampoco existe el delito de organización criminal pues «no existe actividad delictiva como fin o fundamento de la organización», destaca Andreu, ya que la distribución inversa es constitutiva de un ilícito administrativo «como se ha acreditado en la causa a través de los expedientes administrativos y recurso contencioso administrativos interpuestos por los investigados».

Sobre el delito contra la Hacienda Pública afirma que el Fisco entregó una serie de informes de los que no se desprende infracción alguna.