El juzgado de Instrucción n° 1 de Huesca reclamó ayer a Cataluña, a través de una provindencia, que ejecute la orden del pasado 4 de julio y devuelva las 44 piezas que todavía retienen en el Museo Diocesano de Lérida, aunquesin exigir plazos ni acciones concretas. La magistrada únicamente les apercibe "de las consecuencias" que puede tener no hacerlo, sin entrar en más detalles.
Esta falta de concreción en el documento sitúa una probable intervención de la Brigada de Patrimonio en el mes de septiembre, al considerarse agosto un periodo inhábil en la Administración de Justicia. El Gobierno de Aragón recibió con moderada satisfacción este pronunciamiento, pues esperaban más celeridad en la ejecución definitiva de la sentencia. Fuentes del departamento de Cultura consideran que esta decisión otorga un tiempo valioso a la Generalitat para desarrollar una estrategia y lamentan que haya quedado sin respuesta su petición de establecer la próxima semana como un periodo hábil para la actuación policial. La providencia también se ha leído con algo de decepción en Villanueva de Sijena. "Tendremos que esperar para resolver el conflicto", destacó el alcalde, Alfonso Salillas.
SUSPENSIÓN DEL AUTO
Por su parte, la Generalitat de Cataluña subió ayer un nuevo peldaño en su defensa judicial para detener el proceso de devolución. De este modo, han presentado un nuevo recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (TC) en el que solicitan "que de forma urgente" la jueza suspenda el auto de ejecución.
Los servicios jurídicos catalanas arguyen que estas obras forman parte "de una colección catalogada y protegida por la Ley 9/1993 del patrimonio cultural catalán y por la Ley 17/1990 de museos". Y añaden que si la ejecución se hace en los plazos planteados por la jueza (que ya han sido ampliamente superados) se podrían producir "perjuicios irreparables" para la parte recurrente. El objetivo último es convencer a los magistrados de que, aunque tienen "voluntad de cumplimiento", cualquier paso en esa dirección podría generar inseguridad jurídica y provocar la desobediencia de otras leyes.
El departamento de Cultura catalán argumenta en su escrito que con la suspensión parcial que solicitan "se logra preservar el sentido y la eficacia del propio recursos de amparo y al mismo tiempo se evita colocar al consejero de Cultura en una situación entre la espada (de la desobediencia al juzgado de Huesca) y la pared (de incumplimiento de la normativa legal catalana)".
La estrategia es similar a la que ya tomaron tras la publicación del auto de ejecución intentando la protección de todo el conjunto de obras reclamadas y que resultó tumbada por no ser el TC la instancia adecuada.
Este frente jurídico para retrasar la entrega se completa con la demanda presentada por el consorcio del museo leridano. El viernes presentó un nuevo contencioso reclamando compensaciones económicas a la orden religiosa que vendió los bienes a las autoridades catalanas.
El centro argumenta que si la venta es nula y la propiedad sigue recayendo en la orden religiosa, esta deben pagar por los costes de mantenimiento y restauración realizados desde el año 99, momento en que se creó el consorcio. Además, reclaman los 40 millones de pesetas que se pagaron en la época.
