Los dos trabajadores de Adif detenidos anteayer en Zaragoza, en el marco de la operación Enredadera, fueron puestos en libertad provisional, tras declarar ante la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Pero la jueza Mercedes Alaya, que se ocupa también del llamado caso de los ERE en Andalucía, les ha citado a declarar la semana que viene, en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, imputados por un delito de cohecho.
El jefe del Área de Mantenimiento del gestor ferroviario, José Antonio García Pascual, y el técnico ya jubilado de vía y obras, Miguel Ángel Muñoz Tejero, no fueron los únicos que ayer quedaron libres tras pasar la noche en dependencias del instituto armado, sino que 22 de los 32 arrestados en 13 provincias también están en la calle.
Las preguntas que formularon los agentes, según fuentes consultadas por EL PERIÓDICO, giraron en torno al cobro de mordidas por parte de Fitonovo, la empresa bajo sospecha que realizó trabajos herbicidas en Aragón por los que percibió anualmente unos 4 millones de euros.
Muy tajante, según estas mismas fuentes, se mostró Miguel Ángel Muñoz Tejero, quien negó haber recibido cualquier tipo de regalo o dinero por hacer su trabajo. Asimismo, explicó que su labor era "puramente técnica" y que "no tuvo que intervenir en ningún tipo de contratación pública".
DETALLES
La investigación está bajo secreto sumarial, tal y como prorrogó ayer en un auto la magistrada sevillana. A pesar de esta situación, se van conociendo algunos detalles de las actuaciones de esta presunta trama corrupta que pagó más de dos millones de euros en mordidas a cambio de trabajos para la Admininistración estatal.
Los supuestos corruptores se hacían valer del peso que los técnicos tenían a la hora de valorar las ofertas presentadas por las empresas que concurrían en los concursos públicos. Cuando estas llegaban a la mesa de contratación, ellos eran los que analizaban una propuesta técnica que, en numerosas licitaciones, podían llegar a tener un peso de entre el 50% y el 60% de la puntuación final. Esto convertía a los funcionarios en objetivos de supuestas tramas como la que investiga la jueza Alaya. Una situación en la que ya ha intervenido el Ministerio de Fomento, haciendo que el análisis técnico no sea tan decisivo como el económico para adjudicar.
Fuentes del sector explicaron que estas prácticas "son mucho más difíciles" de realizar en la actualidad, aunque "también se busca abaratar el coste para la Administración y entregarle el servicio al mejor postor".
