José Carlos Pardillos tiene 45 años. Lleva casi 20 trabajando en la Administración autonómica. Es funcionario y además liberado del sindicato CSIF. Cobra 1.300 euros al mes. "Estos recortes no nos gustan, los consideramos injustos porque nos están utilizando como pantalla para tapar la falta de ideas de los políticos", denuncia. Su caso no es diferente al de otros muchos. El 80% de los trabajadores de la DGA no supera los 1.000 euros al mes.

Pardillos reivindica el trabajo de los funcionarios. "La gente de la calle tiene una mala imagen de nosotros y el Gobierno se aprovecha de ello", lamenta. Este funcionario ha ocupado hasta media docena de puestos diferentes en la Administración, todos ellos relacionados con Industria, y resalta la profesionalidad de los trabajadores públicos. "En 20 años solo he conocido a dos personas que hayan sido amonestadas por no cumplir con sus horarios. Prima la profesionalidad, pese a lo que se diga", destaca.

¿Los recortes le quitan las ganas? "No, no", responde. "Es más que nada rabia e indignación porque estamos pagando los platos rotos de una crisis que nosotros no hemos generado. El ánimo para trabajar es el mismo. La ciudadanía no puede notar nada. No sería justo porque ellos no tienen la culpa de nada y también están sufriendo esta situación", dice. Pese a ello, advierte que las reducciones de plantilla harán que la calidad del servicio se resienta tarde o temprano.

Pardillos recuerda que se hizo funcionario para conseguir "estabilidad". Pero en los últimos años su poder adquisitivo se ha ido reduciendo hasta en un 25%. "No podemos hacernos las víctimas, pero lo cierto es que en los años de bonanza el salario solo aumentaba al ritmo del IPC. Y ahora todo son reducciones".

"Todo esto nos quita la esperanza hacia el futuro. No podemos confiar en unos dirigentes que no tienen ideas, que no saben por dónde tirar y que siempre optan por la alternativa más sencilla, que es que los más desfavorecidos carguen con las consecuencias de la crisis", explica.

Ahora el foco se pone sobre los liberados. Se plantean reducciones de hasta el 50%. "Se nos está demonizando, pero lo que hacemos es velar por los intereses de los empleados públicos. Eso también es importante".