El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan LLinares, participa el próximo miércoles en Zaragoza en un coloquio en el que se reflexionará sobre los mecanismos para la prevención de la corrupción en la gestión pública, con motivo del Día Internacional contra la Corrupción.
Con este acto, organizado por la Asociación para la Defensa de la Función Pública Aragonesa, se pretende conmemorar la aprobación de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, aprobada en 2003 y ratificada por España en 2006 y por la Unión Europea en 2008.
Llinares explicará el papel que corresponde en dicha labor a los servidores públicos, por su especial compromiso con la garantía de la legalidad en la actuación administrativa, informan fuentes de la organización de la charla en una nota de prensa.
La Agencia Valenciana, de la que es titular Llinares, fue creada por la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de las Cortes Valencianas, como instrumento de prevención, investigación y combate del fraude y la corrupción, y también para proteger a las personas denunciantes, con la finalidad de fortalecer la actuación de las instituciones públicas para evitar que se produzca un deterioro moral y un empobrecimiento económico que redunde en perjuicio de la ciudadanía.
La Agencia tiene como función prevenir y erradicar el fraude y la corrupción de las instituciones públicas valencianas e impulsar la integridad y la ética pública, así como el fomento de una cultura de buenas prácticas y de rechazo del fraude y la corrupción en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, así como en la gestión de recursos públicos.
La Defensa de la Función Pública aragonesa destaca la oportunidad de analizar el papel de las Agencias Antifraude -como las creadas en Cataluña, Comunidad Valenciana e Islas Baleares- con motivo de la reciente creación en Aragón de la Agencia de Integridad y Ética Públicas, mediante la Ley 5/2017, de 1 de junio, cuya fecha de efectiva implantación y entrada en funcionamiento no precisa su norma de creación.
En este sentido, la organización destaca el interés del mecanismo de protección de los denunciantes, arbitrando cauces o canales idóneos para que los funcionarios públicos puedan poner en conocimiento de la Agencia actuaciones administrativas que se consideran irregulares, disponiendo de un régimen de protección para evitar posibles perjuicios en sus condiciones laborales o profesionales.
