La diputada del PAR en las Cortes Elena Allué ha anunciado hoy que su grupo ha presentado 33 enmiendas al proyecto de ley del Sector Público, con el que cree que el Gobierno ha perdido una "enorme oportunidad" para reformar "de arriba a bajo" la Administración y que esté "a la vanguardia".
En ellas, ha indicado Allué en rueda de prensa, han querido recoger los valores de legalidad, efectividad y accesibilidad garantizando la misma calidad del servicio con independencia de la ubicación geográfica y el momento que sea requerida, equidad y uso racional de los recursos públicos.
También ha incidido en la cooperación, la coordinación, la conectividad, la transparencia, la veracidad en la información, la responsabilidad pública, el diálogo, la participación y el consenso.
Con todo ello, el PAR ha planteado enmiendas "de filosofía" para que el sector público oriente su actuación al servicio de la ciudadanía, que debe ser "su razón de ser".
Para ello, ha reclamado que se anticipe en la medida de lo posible a las demandas ciudadanas, reducir los trámites y que se propicie un procedimiento y unas normas "claras", "sencillas" y con un lenguaje "comprensible" que universalice el acceso al sector público.
Ha apostado también por implantar herramientas de estímulo a los empleados públicos, para mejorar su compromiso y creatividad, su aprendizaje y por marcar objetivos "retadores" aunque "alcanzables", que supongan "nuevos desafíos", así como una fiscalización con evaluaciones independientes y objetivas.
De forma más concreta, Allué ha echado en falta que el proyecto de ley no recoja nada sobre el "open data" ni sobre la inteligencia artificial, "tan de moda hoy en día".
En este sentido, ha pedido que los datos abiertos puedan ser utilizados por emprendedores y empresas para redundar en un beneficio inmediato de los aragoneses y de la propia Administración.
En cuanto a la inteligencia artificial, que ya se está implantando en muchas empresas, ha abogado por que se le saque rentabilidad en determinados servicios mediante programas innovadores para aumentar la eficacia y la eficiencia de las políticas públicas.
Ha lamentado también que el proyecto gubernamental no hable de teletrabajo, pese a que los trabajadores públicos lo están demandando para conciliar su vida laboral y familiar, y ha apostado por que se pueda desempeñar la labor en casa con unos criterios evaluables.
Por otro lado, ha considerado que el proyecto de ley "se queda corto" en lo relativo a los derechos de los ciudadanos, ya que solo recoge el del acceso a la información.
Así, desde el PAR plantean un nuevo apartado que incluya también el derecho a una participación ágil, a que los asuntos sean tratados con imparcialidad y equidad, a que las consultas sean resueltas en un plazo razonable, a una información pública veraz o a la reparación de daños.
Del mismo modo, las enmiendas aragonesistas también recogen el derecho a la simplificación administrativa, al acceso igualitario a los servicios, a identificar a las autoridades o al personal, a la motivación de las decisiones, a la audiencia pública y a la rendición de cuentas.
En este sentido, Allué ha criticado que el texto presentado por el Gobierno de Aragón no incluya también unos deberes de los ciudadanos con respecto a la Administración, por lo que ha propuesto otro apartado con los mismos.
Estos son cuatro: el deber de mantener una actitud respetuosa hacia el personal público, el del buen uso de la información obtenido, el de cuidado y buen uso de las instalaciones y el de tolerancia hacia personas de diferente religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal.
Por último, en las enmiendas han introducido otro capítulo sobre el control de la eficacia para comprobar el grado de cumplimiento de los objetivos fijados, porque "el dinero público es sagrado".
