La concejala del PP en el Ayuntamiento zaragozano Patricia Cavero ha acusado al Gobierno de Zaragoza en Común de inscribir en el censo de entidades ciudadanas a colectivo afines y con ánimo de lucro.

En una rueda de prensa Cavero se ha referido explícitamente a la asociación "In Situ", creada el 8 de enero de 2016 e inscrita el pasado 6 de octubre sin presentar certificado de socios, solo cinco, ni declaración de que no tiene ánimo de lucro.

Cuando, ha recordado, entre la documentación que se exige a las asociaciones para inscribirse en el censo figuran la certificación del número de socios inscritos en el momento de la solicitud y un programa o memoria anual de sus actividades.

El censo, ha explicado Cavero, permite al Ayuntamiento reconocer a las entidades y garantizarles el ejercicio de los derechos reconocidos en el reglamento como es formar parte del Consejo de la Ciudad de Zaragoza a través de la Asamblea Ciudadana.

También sirve para que el Consistorio conozca los datos más importantes de la sociedad civil, la representatividad, el grado de interés o la utilidad ciudadana de sus actividades, su autonomía funcional y las ayudas que reciban de otras entidades públicas o privadas.

Según ha explicado la concejala, los objetivos de esta asociación son, entre otros, el empoderamiento cultural, la igualdad de género o la participación ciudadana.

Sin embargo, considera que la secretaria de In Situ, Sofía Giménez Castillón, utiliza la asociación "para esconder a sus empresas con ánimo de lucro".

Cavero, quien ha asegurado que Giménez Castillón es columnista de Podemos y activista en el Luis Buñuel, ha sido perceptora a través de contratos y facturas por asesorías técnicas y otros proyectos y por talleres o actividades en la Casa de la Mujer, de más de 25.000 euros procedentes de contratos y subvenciones del ayuntamiento.

Un dinero que, ha informado, recibe en paralelo como persona física (10.000 euros) y jurídica a través de la Asociación (15.000).

Por ello, el PP ha pedido al equipo de Gobierno que gestione con diligencia el registro de entidades y que las entidades sean de interés general, como exige el reglamento, y "no de interés del Gobierno".