Si Zaragoza en Común (ZeC) pensaba que la decisión de ayer allanaría el camino a la reconciliación, se equivocaba. Su doble anuncio, más el decreto que la retirada del contencioso, cayó como una bomba atómica en la oposición, que estalló de forma unánime contra el Gobierno municipal. No solo por el rechazo unánime a una decisión unilateral que desoye el mandato de la mayoría plenaria y los informes preceptivos que avalaron la indisponiblidad de créditos para las sociedades, sino porque la tentación ahora de enviar fondos a las sociedades municipales puede tener consecuencias judiciales para quien lo ordene, «a todos los niveles», dijo el PP. Esto ya no sería un asunto meramente administrativo. El umbral de lo penal entra en los planes de todos ellos para «emprender acciones legales», que es lo que PP, PSOE, Ciudadanos (Cs) y CHA dijeron estar estudiando.

«Imagínense que meten la mano en el cajón. ¿Qué gesto de buena voluntad es eso?», manifestó el portavoz socialista, Carlos Pérez Anadón, que retó al Gobierno de ZeC a hacer uso de la transferencia de créditos a las sociedades, si se atreven, porque las consecuencias son impredecibles. Lo mismo que reseñó el conservador Jorge Azcón: «Apuesto a que no van a transferir ni un euro», auguró, al tiempo que admitió que, tras archivar la petición del pleno, podría hacerlo, «pero le recomendaría que no lo hiciera».

«Han dictado una resolución administrativa (por el decreto de Rivarés) que va en contra de la ley a sabiendas de que lo hace», apuntó la portavoz de Cs, Sara Fernández. Esta es exactamente la descripción que da el diccionario a un delito que ella evitó mencionar. A la vez que recordó que ZeC se ha saltado el reglamento orgánico municipal (artículo 77), porque está obligado a llevar al pleno esta resolución y no dictarla y aplicarla sin pasar por él, y las «incoherencias» en el propio decreto, que tildó como «salto mortal» del Gobierno.

«Vergonzoso». Así definió el decreto el portavoz de CHA, Carmelo Asensio, quien consideró que «incumplir y pisotear una decisión del pleno no es la mejor manera de abrir una vía de diálogo», y que este «enrocamiento en su antidemocrática decisión del 9-F está afectando al ayuntamiento». Por eso opinó que puede derivar en «consecuencias políticas y judiciales» por este «atropello a la democracia» que, además, «es un ejercicio de cinismo».

Azcón también resaltó esta «espiral de despropósitos» de ZeC. quien consideró, como el resto, que la retirada del contencioso obedece más a evitar «que el juez dictamine contra esa aberración jurídica». «La democracia está conculcada en este ayuntamiento, cuesta abajo y sin frenos», manifestó, al tiempo que añadió que «no puede ser que se convierta en el Far West». Para Pérez Anadón, la retirada del contencioso «solo es la cortina de humo bajo la que se esconde la felonía» del decreto, que lo agrava todo más.