El Gobierno central cesó el pasado sábado a los presidentes de las principales confederaciones hidrográficas españolas sin que haya nombrado a sus sucesores. Buena parte de culpa de esto la tiene la tensión que provoca la cesión al PAR de la presidencia de la Confederación Hidrográfica del Ebro, cuyo máximo responsable, Rafael Romeo, también fue cesado el pasado sábado.
Todo indica que su sustituto será un dirigente aragonesista, en virtud de la coalición de gobierno que forma en Aragón el PP y el PAR. Incluso se da por hecho el nombre del próximo responsable de la planificación hidrológica de nueve comunidades autónomas españolas: el aragonesista Xavier de Pedro. Su nombramiento provoca grandes recelos tanto en el Ministerio de Medio Ambiente como en la mayoría de las comunidades autónomas implicadas, federaciones de regantes e incluso en su propio partido. De Pedro, hombre de máxima confianza de Biel, tiene una larga experiencia como letrado pero sus conocimientos en materia de agua son más bien escasos.
A este desconocimiento se suma el problema añadido de su condición de militante del PAR, cuya postura en posiciones hidráulicas son muy localistas en una confederación que regula los sistemas hídricos de más de diez millones de personas con distintos intereses y necesidades.
En las últimas semanas han aumentado las tensiones a causa de este nombramiento, que además está retrasando el resto de presidentes de confederaciones. Aunque no es la única causa, puesto que el Gobierno central --que prefería en principio colocar en estos puestos a personas de un perfil técnico-- tiene previsto rebajar el rango orgánico de los presidentes de confederaciones. Es decir, que no sean altos cargos con rango similar al de director general y sean subdirectores, con la diferencia salarial que ello implica. De hecho, el Gobierno actual tiene previsto reformular la estructura de estas confederaciones.
La designación de un dirigente del PAR sí está visto con buenos ojos por el PP aragonés, porque le permite afrontar un menor desgaste político en el caso de que se abriera la polémica del trasvase del Ebro durante esta legislatura y el presidente de la CHE debiera tomar partido.
