El alcalde de Zaragoza, Pedro Santisteve, mostró ayer públicamente su "apoyo y solidaridad" a los llamados ocho de yesa, antes de que el lunes se sienten en el banquillo con la amenaza de condenas de entre dos y seis años de prisión por atentado y lesiones a la Guardia Civil.
Los cargos derivan de su participación en una manifestación en Artieda, el 10 de octubre del 2012, contra las expropiaciones para el recrecimiento de Yesa. La Guardia Civil cargó para disolver a los manifestantes pacíficos, pero algunos agentes resultaron heridos e identificaron como sus agresores a los ahora acusados.
El alcalde Santisteve, con la concejala Teresa Artigas y el portavoz municipal de CHA, Carmelo Asensio, mantuvo una reunión con siete de los ocho encartados, que le explicaron "el contexto" de esta protesta y sus consecuencias. Ocurrió, recordó el alcalde, "en pleno debate y persecución de la disidencia por parte del PP", en la época de la ley mordaza y ocho días después de la manifestación que rodeó el Congreso.
En la misma línea, Asensio recordó que el consistorio encuadró el juicio en la necesidad de defender "derechos fundamentales como el de reunión y manifestación, reprimidos de forma brutal".
Uno de los acusados, Arriel Domínguez, agredeció el apoyo municipal y recordó que "no es el momento del Yesa sí o Yesa no, sino de hablar de "derechos pisoteados" para disolver "una manifestación pacífica".
