Acusan a un matrimonio de vender cocaína en su bar del barrio de Delicias

La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza juzgó ayer a un matrimonio –H. M. V. P. (República Dominicana, 1979) y A. L. S. A. (República Dominicana, 1988)– como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas por, supuestamente, vender cocaína desde el bar que ambos regentaban en el zaragozano barrio de Delicias. El varón intentó eximir a su pareja de cualquier tipo de responsabilidad penal al reiterar que la sustancia que los agentes intervinieron –varias papelinas, una bolsa de seis gramos y una plancha de alrededor de 70 gramos– la había escondido en el establecimiento para destinarla a consumo propio. «Una persona que se iba para Argelia me dijo que si la quería más barata y me la quedé», afirmó el dominicano al cifrar en 3.000 euros la cantidad que pagó por la droga.

Quien trató de desmontar su coartada fue el instructor del expediente que se abrió contra el establecimiento al recibir «informaciones confidenciales» sobre la venta de cocaína en el interior del local. El citado agente del Cuerpo Nacional de Policía habló de visitas fugaces de terceros al bar –«la inmensa mayoría era gente que entraba y salía y no les daba tiempo a que tomaran una consumición», precisó–, algo que, a su juicio, evidenciaba la venta de droga por menudeo. «Es una maniobra típica del tráfico de drogas», aclaró el investigador, quien incluso concretó que interceptaron a uno de los supuestos compradores con una papelina de 0,5 gramos. Ya en el interior del bar localizaron varias dosis de cocaína en un servilletero y una plancha de 70 gramos en el doble techo del almacén.

Junto a sus compañeros, todos ellos coincidieron en el inusual horario del bar, algo que los propietarios admitieron sin ningún tipo de problema. Los acusados, en este sentido, reconocieron que abrían en torno a las 18.00 horas porque no aguantaban «trabajando todo el día».

Mientras que el ministerio fiscal solicitó que ambos sean condenados a siete años de cárcel por un delito de tráfico de drogas en establecimiento público, la defensa ejercida por la abogada Candela Garriés interesó la absolución de sus representados. Alternativamente, la letrada planteó al tribunal provincial, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín, una condena de tres años de cárcel contra el varón y el pago de una multa de 5.000 euros con la concurrencia de la atenuante analógica de drogadicción. Unos minutos antes, había señalado que es consumidor de cocaína desde hace dos años.

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