La movilización social contra el pago del Impuesto sobre la Contaminación de las Aguas (ICA) en Zaragoza sigue acumulando logros. La Red de Agua Pública de Aragón (RAPA), encargada de coordinar gran parte de las acciones de protesta, presentó ayer en el departamento de Desarrolllo Rural del Gobierno de Aragón otros 2.500 recursos contra el tributo. En total ya han sido más de 23.000 las familias que han argumentado contra un cobro que consideran «injusto y abusivo» y han solicitado su reforma o derogación. «La respuesta de los zaragozanos cada vez es mayor», expresó el portavoz de la agrupación, Enrique Gracia.
La RAPA señaló que todas estas quejas deberán ser tomadas en consideración por parte de los responsables de la DGA. «Si desestiman todos los recursos presentados estaremos ante un desprecio a los aragoneses», aseguró Gracia. Algunas voces del Ejecutivo llegaron a afirmar que no tenían «fundamento», una apreciación que fue ayer matizada por el propio presidente Javier Lambán. «No se trata de una situación propia de Zaragoza sino que es una situación injusta para todo Aragón», defendió Gracia.
Por el momento se ha puesto en marcha una mesa de debate ante la que el Gobierno de Aragón tiene previsto presentar una propuesta para la modificación del ICA mañana jueves. «Consideramos que la solución no es formar una comisión técnica dónde los representantes del Gobierno no están facultados para adoptar ninguna decisión, además nos da la impresión de que se trata de la típica estrategia de fingir que se está dispuesto a cambiar para en realidad no hacer nada», lamentó el representante de la RAPA.
Gracia indicó, en relación al impuesto, que hay que ir «a la raíz» del problema y esta se centra en un plan de saneamiento «desmesurado» que no responde a las necesidades reales de los municipios afectados.
En este aspecto desde la agrupación no descartan ampliar las campañas de recogida de recursos a otros puntos de la geografía aragonesa. «No hay un canon de saneamiento tan elevado en ninguna comunidad autónoma», expresó. Así, la RAPA cree que no tiene «ningún sentido el pensar que los aragoneses tengan que pagar mínimo 70 millones de euros, cantidad que irá incrementándose de forma anual durante 20 años, a través de las fórmulas de revisión de los contratos», precisó.
La RAPA recibió el apoyo de un amplio grupo de representantes políticos en la escenificación de la entrega de los recursos ante el departamento de Desarrollo Rural. Entre ellos se encontraban portavoces tanto de Zaragoza en Común (ZeC) como de Podemos o Izquierda Unida. También había miembros de las asociaciones de consumidores.
