Las dos organizaciones agrarias principales en Aragón, Asaja y UAGA, convocarán movilizaciones si la DGA no accede a destinar el 1,5% de los 5.000 millones de su presupuesto general al departamento de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, ya que actualmente aporta el 0,5%. Así lo expresaron ayer el secretario general de Asaja, Ángel Samper, y el representante de UAGA, José Manuel Penella, en la comparecencia que ofrecieron en la Comisión de Peticiones Ciudadanas de las Cortes de Aragón. El secretario general de Asaja dijo que será «imposible» mantener el «talante conciliador» demostrado por los sindicatos agrarios e insistió en que habrá confrontación aunque sea «odioso» tener que hacer planteamientos así.

A pesar de que el ejecutivo autonómico se comprometió a aportar 55 millones para el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020 y las estructuras del sector, solo se están destinando a ello 27 millones, según recordó Ángel Samper en las Cortes, donde pidieron a los grupos parlamentarios un incremento de la partida presupuestaria en materia de agricultura y medio ambiente.

RECUPERAR LA DOTACIÓN DEL 2011 / El sector, según Penella, necesita más presupuesto para sus estructuras y para que las inversiones y proyectos ya en marcha no se paren, ya que la producción final agraria en el 2016 fue de 3.300 millones de euros y es de los que más empleo está creando, según la Encuesta de Población Activa. Así, el objetivo de las dos organizaciones es recuperar los niveles de dotación presupuestaria del 2011, cuando ésta alcanzaba los 800 millones de euros.

No solo los agricultores, sino todos los habitantes del medio rural tienen una «honda preocupación» por esta situación de «indigencia presupuestaria» que, según Samper, genera un problema social muy grave que se traslada además a la calidad de los servicios sanitarios o educativos que se prestan en los pueblos.

José Manuel Penella explicó que el presupuesto asignado para Desarrollo Rural y Sostenibilidad es en principio de 750 millones de euros, de los que 500 millones provienen de la Unión Europea y del ministerio. De los 250 millones restantes, 100 sirven para financiar el Instituto Aragonés del Agua y el Instituto de Gestión Ambiental, y de los 150 que quedan, 100 tienen como destino el pago del personal.