España será el primer país de la UE que pondrá en práctica una fórmula que supone un cambio en el uso de los fondos europeos. El objetivo es facilitar y abaratar los créditos concedidos a las pymes. Los fondos estructurales europeos para ellas no se destinarán a ayudas directas. Con el consenso y la aportación de las comunidades, el Gobierno depositará 800 millones en un fondo que servirá como garantía en los créditos concedidos a las empresas. Con los 800 millones como garantía pretenden movilizarse 5.300 millones en créditos.
