Pedro Comín y Pedro González, dos de los exdirectivos del Banco de España imputados en el caso Bankia, han restado este martes credibilidad e importancia a las advertencias de sus subordinados sobre la inviabilidad del banco antes de su salida a bolsa en julio del 2011 y han protegido a sus entonces superiores, en particular al exgobernador Miguel Ángel Fernández Ordóñez. El primero de ellos, según fuentes presentes en su declaración en la Audiencia Nacional, ha llegado a tachar de "precipitados" y "no suficientemente pensados" los correos de José Antonio Casaus, inspector jefe del organismo en la entidad, que entre abril y mayo de aquel año le advirtió en al menos cuatro ocasiones por mail de que el grupo financiero no tenía futuro y podía acabar nacionalizado, como sucedió finalmente.
"Bankia estaba en una cómoda situación antes de la salida a bolsa. Casaus se equivocaba en el margen de explotación: Bankia ganaba dinero", ha defendido Comín, jefe del grupo de inspectores que supervisaba al banco y superior directo del inspector jefe, según las fuentes. Su subordinado, ha añadido, no cuestionaba las cuentas de la entidad del 2010 y el primer trimestre del 2011, las que se tuvieron en cuenta para la salida a bolsa e investiga la Audiencia Nacional (los peritos del juez las han considerado falseadas).
La discrepancia entre él mismo y Casaus, ha mantenido, no estaba en la situación del banco, sino que se limitaban a su futuro, pero el inspector no tenía una "visión de conjunto" sobre el "seguimiento general" al que se sometía al banco que le permitiera hacer una juicio correcto. Así lo recogió y argumentó, ha sostenido, en un informe favorable a aprobar la salida a bolsa que entregó a sus superiores y que este martes ha entregado al juez para su incorporación a la investigación.
CÚPULA INFORMADA
Comín también ha sostenido que no rebotó los correos de Casaus a sus superiores, pero que analizó su contenido y lo compartió "ad nauseam" con su jefe, Pedro González, entonces director del departamento de supervisión responsable de Bankia. González, por su parte, ha confirmado que Comín no le envió los correos pero le informó de su contenido. Además, ha asegurado que está convencido de que las advertencias de Casaus llegaron a oídos de la cúpula de la entidad, pero particularmente del subgobernador, Javier Aríztegui, porque el gobernador, Fernández Ordóñez, no se ocupaba directamente de la supervisión.
Los dos imputados, en resumen, han argumentado que las conclusiones de Casaus eran erróneas y que por ello, aunque se informó de las mismas a los máximos responsables del supervisor, estos decidieron aprobar la salida a bolsa, como les habían recomendado. Casaus, en sus correos desvelados el pasado octubre, dejó extremadamente claro que consideraba inviable a Bankia por sus "muy graves y crecientes problemas de rentabilidad, liquidez y solvencia". De forma clarividente, alertó: "La salida a bolsa con un banco doble es el primer paso para nacionalizar las pérdidas, algo injusto y contrario a lo que nos pide la norma: velar por el uso eficiente de los recursos públicos".
SIN PREGUNTAS DEL ESTADO
El testimonio de Casaus fue clave para que la Sección Tercera de lo Penal de la Audiencia Nacional obligase hace un mes a Fernando Andreu, el juez instructor del caso Bankia, a aceptar la petición de la Confederación Intersindical de Cajas (CIC), representada por Andrés Herzog, de imputar a los máximos responsables del Banco de España y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) en el 2011, entre ellos a Fernández Ordóñez, por entender que había indicios "múltiples, bastantes y concurrentes de criminalidad”. Andreu y el fiscal Alejandro Luzón se habían resistido repetidamente a hacerlo y este martes no han hecho ninguna pregunta a Comín y González, como ya hicieron el lunes con los exresponsables de la CNMV Julio Segura y Fernando Restoy.
Comín y González, junto al también imputado Mariano Herrera, dimitieron a mediados de febrero de sus altos cargos en el supervisor (eran la actual cúpula del área de supervisión) tras ser imputados por la Audiencia Nacional. El organismo gobernado por Luis María Linde expresó entonces su "plena confianza" en todos sus directivos y exaltos cargos investigados.
