La política del ventilador parece haberse activado en la causa que investiga posibles responsabilidades penales en la gestión desarrollada por Caja Inmaculada (CAI) durante los años dorados del ladrillo. Así se desprende del interrogatorio llevado a cabo el martes y el miércoles pasados en el Juzgado de Instrucción número 4 de Zaragoza a los tres imputados en este proceso: Tomás García Montes, exdirector general de la entidad entre el 2005 y el 2009, Ramón Marrero y Javier Alfaro, los dos exgestores de los negocios inmobiliarios de la caja en Andalucía. El origen del caso está en la querella que la entidad aragonesa presentó contra ellos, en octubre del 2012, por posibles irregularidades. Pues bien, esos mismos abusos que les achaca CAI habrían sido cometidos por otros muchos exdirectivos, según las declaraciones de los tres querellados ante la jueza que instruye el caso, que se encuentra en la fase de diligencias previas.
Los tres están acusados de los delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal por tres cuestiones denunciadas por CAI. En concreto, por sendas compras de pisos a la entidad efectuadas por García y Alfaro en concesiones ventajosas (descuentos de hasta el 50%), por un viaje a Egipto a cargo de la caja y por el pago de un crédito concedido a Marrero.
Los tres exdirectivos se defendieron de las acusaciones asegurando, siempre según sus declaraciones ante la jueza de las que ha tenido conocimiento este diario, que las operaciones puestas en entredicho no eran "secretas" ni "excepcionales", sino que eran "conocidas y aceptadas" por los órganos de dirección de la caja, como así señalaron que consta en los archivos de la misma. Es más, apuntaron que esos mismos abusos de los que se les acusan, los cuales situaron dentro de la normalidad en el contexto de un ciclo de pujanza del grupo financiero, eran públicos" y "habituales" y fueron realizados también por otros muchos directivos de CAI.
Pisos y viajes
En relación a las condiciones ventajosas en la compra de viviendas de CAI Inmuebles, García Montes aseguró que al menos otros seis miembros de la cúpula se beneficiaron de esta prebenda. En concreto, su predecesor, Luis Calvera Serrano, Rafael Aguelo Arguis (exdirector comercial de la caja), Antonio Hernández Borja (exdirector general adjunto), Julián Puente (exejecutivo de CAI Inmuebles), Raimundo García-Figueras (exresponsable de CAI en Andalucía) y Oscar Benito (exdirectivo de CAI Inmuebles), si bien este último no llegó a consumar la adquisición.
Más de lo mismo con los viajes pagados a cuenta de la caja, que, según los imputados, se cuentan por decenas y beneficiaron a múltiples ejecutivos de la entidad y sus familiares. Por todo ello, García, Alfaro --ambos representados por el abogado Estaban Mestre-- y Marrero señalaron la contradicción de que CAI se haya querellado solo contra ellos y no contra el resto de exdirectivos.
