El economista Luis Garicano echó ayer un jarro de agua fría sobre la política de «alfombra roja para las empresas» de la que presume el Gobierno de Aragón. La comunidad «no es atractiva para hacer negocios», dijo sin contemplaciones el responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos y profesor del IE Business School. Es más, apoyándose en datos del Banco Mundial, aseguró que, junto a Galicia, es la región española «más cara y difícil» a la hora de montar una empresa.

Así lo sostuvo en la conferencia sobre la economía del conocimiento que impartió en el Patio de la Infanta de Zaragoza en el marco del Foro Ibercaja. El acto fue presentado por el director financiero de la entidad, Antonio Martínez, quien ensalzó el curriculum del ponente.

Para Garicano, Aragón presenta problemas «muy graves» para competir por su elevada presión fiscal y las trabas burocráticas. «Los aragoneses pagan más cuando compran una casa, cuando trabajan, de IRPF, cuando se mueren por Sucesiones, que otros españoles», afirmó en declaraciones a los medios. Y eso, remarcó, «dificulta la actividad empresarial».

La prueba de este fracaso se encuentra, según Garicano, en el «escaso» número de empresas catalanas que han elegido Aragón para instalar su sede social y fiscal a cuenta de la tensión independentista. A su juicio, esto es culpa del Ejecutivo autonómico por su política impositiva, que se situó entre las más elevadas de España, y por la lentitud administrativa. Esto ultimo provoca, agregó, que en la comunidad sean necesarios una media de 250 días para conseguir todos los permisos para montar un almacén. «Zaragoza debía de ser la que más se beneficiara de las locuras de Puigdemont y no está siendo así», sentenció.

Garicano también criticó al gobierno socialista de Javier Lambán por no aplicar el «cheque formación» que propugna su partido y no introducir en las escuelas la formación en programación. «Dejemos la lucha de clases del siglo XIX y pongámonos a trabajar en digitalización», concluyó.

Sobre la reforma de la financiación autonómica, señaló que todos los españoles deben tener los mismos derechos básicos con independencia del lugar en el que se viva. En esta línea, lamentó que la tramitación esta semana en el Congreso del cupo vasco se esté realizando de forma «totalmente opaca».