El Gobierno ha reabierto de par en par el debate sobre el sistema público de pensiones. Las propuestas han ido surgiendo a lo largo de los últimos días avivando una polémica que, a buen seguro, aún va a dar mucho que hablar. Primero fue el planteamiento de alargar la edad legal de jubilación hasta los 67 años, frente a los 65 que rigen en la actualidad. Después, la iniciativa --finalmente retirada-- de ampliar de 15 a 25 años el periodo para calcular la cuantía de la pensión. Dos sacudidas que han causado un gran revuelo político y social en Aragón sin que se sepa la incidencia real que estas medidas provocarían en la comunidad.

La propuesta del Ejecutivo plantea alargar la vida laboral de forma escalonada: a partir del 2013 y hasta el 2025. Es decir, en el 2013, la edad legal de jubilación sería de 65 años y dos meses. En el 2014, de 65 años y cuatro meses. Y así, hasta llegar a 67 años en el 2025. Dicho de otro modo: los últimos trabajadores en jubilarse con 65 años son los que ahora tienen 63. Todos los trabajadores que ahora tienen 52 años o menos ya se jubilarán con 67 años.

Actualmente, en Aragón hay cerca de 405.000 cotizantes a la Seguridad Social que nacieron después de 1959 y que, por lo tanto, deberían alargar al máximo (hasta los 67) su vida laboral. La cifra supone el 75% del total de cotizantes (543.800 personas), por lo que la hipotética ampliación afectaría a casi toda la fuerza laboral que hay a día de hoy en Aragón.

Más allá de las afecciones virtuales, lo cierto es que los planteamientos del Ejecutivo han generado una incertidumbre real sobre la sostenibilidad del sistema público de pensiones. En este sentido, el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, ha insistido estos días en que el modelo goza de "magnífica salud" y ha recordado que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social cuenta con más de 60.000 millones de euros, lo que garantizaría las pensiones hasta el 2030.

SOLIDARIDAD REGIONAL Además, las últimas propuestas han reabierto la polémica sobre las comunidades que más contribuyen a la cohesión social del Estado. A este respecto, y aunque se trata de un debate estéril ya que el sistema es global y apela a la solidaridad interregional, Aragón no sale mal parada. De hecho, la comunidad arroja un equilibrio muy similar al del conjunto de España. Así, Aragón tiene 3,14 cotizantes por cada pensión de jubilación, mientras que el Estado alcanza los 3,44 cotizantes, según los cálculos realizados con los datos facilitados por la dirección provincial de la Seguridad Social en Zaragoza.

No en vano, los últimos informes estadísticos que trataron el tema --allá por el 2004-- decían que Aragón era la sexta comunidad española por volumen de contribución al sistema, y sus autores subrayan que los datos no suelen cambiar en tan poco tiempo. Por delante de Aragón, según este estudio elaborado por la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), se situarían Madrid, Cataluña, Baleares, Valencia y País Vasco.

Y es que, como destacan varios expertos, España cuenta con un sistema solidario en el que las autonomías más desarrolladas aportan más fondos. "El modelo tiene una función redistributiva tal y como ocurre en otros países de Europa. Alemania, por ejemplo, es el que más contribuye a la UE", explica el director del gabinete de Estadística Regional de Funcas, Pablo Alcaide.

Por eso es el Estado el encargado de gestionar y abonar todas las pensiones contributivas en Aragón. Actualmente, para abonar la cuantía de todas las pensiones que se conceden cada mes en la comunidad serían necesarios cerca de 242 millones de euros. Si Aragón tuviera que hacerse cargo de ese montante, cada afiliado aragonés debería cotizar al mes unos 445 euros. Meras especulaciones porque el sistema de la Seguridad Social es uno de los pilares del Estado de Bienestar. Ahora solo hay que determinar si éste, realmente, corre peligro.