Tras el último crimen machista ocurrido en Zaragoza, las instituciones se conjuraron para mejorar el protocolo de protección de mujeres maltratadas. Ayer, se evidenció este cierre de filas con una reunión técnica en la que el Instituto Aragonés de la Mujer, cuya directora es Natalia Salvo, se comprometió a la realización de ese nuevo texto que implicará a todos los estamentos: judicial, policial, social... Ahora bien, el principal escollo no tiene que ver con los ámbitos ejecutivos, sino con el propio legislativo. Y es que uno de los puntos débiles de mayor complejidad es el de la custodia de menores. La modificación o la prohibición del régimen de visitas hace falta una reforma legal que excede las competencias de la DGA. Para cuestiones así hace falta que se desbloquee la situación política del país, varada desde diciembre.
