Acaba 2011, año de cambio político en España y en Aragón. Con Mariano Rajoy a punto de jurar su cargo como presidente, el PP aragonés ha encontrado el tiempo y el clima propicios para sincerarse. Sin más cortapisas y componendas que un pacto con el PAR que de momento sujeta poco o más bien nada a los populares por la fascinación de los primeros, la DGA de Luisa Fernanda Rudi se lanza en tromba hacia un cambio profundo. Le ha costado seis meses entre auditorías, análisis, decretos preliminares y demás componendas, pero la líder popular parece decidida. Es la hora de ir hasta el final con su vademécum conservador.
Las políticas públicas llevadas a cabo por los anteriores gobiernos de Marcelino Iglesias y, diríase, que hasta de Santiago Lanzuela, no son hoy más que un pesado recuerdo del que desembarazarse, en parte por la difícil situación económica y en buena medida también por la impronta tatcheriana de la presidenta. Los consejeros, desencorsetados para convertirse en una máquina perfecta de recortes, empiezan a mostrar por dónde irán las cosas en el nuevo tiempo, alentado el PP por la mayoría absoluta sin paliativos del 20-N. Tras cumplir fielmente con la primera parte del guion, caracterizado por una parsimoniosa austeridad y un principio de amnesia, van a lanzarse por el camino que marca el rígido patrón dibujado por la presidenta.
Hasta la coherencia deja de ser un valor estos días de invierno social y económico, en tiempo de podas severas. Atrás han quedado los días en que los dirigentes del Partido Popular en Aragón, que hoy niegan el pan y la sal a una cada vez más crispada universidad pública, encabezaban las protestas a favor de una financiación justa para el campus aragonés y hasta abogaban por su descentralización. Ya lo ha dejado claro la consejera Dolores Serrat pese a las advertencias del rector Manuel López de poder verse abocado a no pagar las nóminas: el ajuste se va a producir y, si el dinero no llega, que suban las tasas a los alumnos. De no ser por su vieja relación académica, o quizás por ello, diríase que Serrat está ayudando a López en su campaña de reelección al frente del campus.
Tampoco recuerdan el oxígeno que daban los Canals, Alcalde y compañía al Colegio de Médicos y a los sindicatos de clase secundado a los facultativos del sistema público en unas onerosísimas reclamaciones económicas que sangraban los presupuestos públicos de Sanidad una vez recibidas las transferencias. Hoy, nos dicen, habrá que conformarse apenas con no ver empeorado el servicio y con que una empresa se apiade de nosotros y exponga sus beneficios para construir algún hospital que acabaremos pagando a precio de oro. Si, de paso, el consejero Ricardo Oliván se va enterando de dónde se ha metido, mejor que mejor. Cuando se habla del titular de Sanidad hay que recordar que se trata del señor que más dinero (público y privado) gestiona al año en Aragón: por encima de 2.000 millones de euros.
Olvidados están también los días de José María Moreno, como diputado de Cultura, y de Domingo Buesa, como líder de la oposición municipal en Zaragoza, pidiendo presupuestos y decisiones para reconstruir el teatro Fleta. El nuevo director general de Cultura, Humberto Vadillo, lo tiene claro: 787 euros al año para que no se caiga el andamio y el letrero de las obras. Hoy, la tijera de Rudi, tan afilada como desmemoriada, no entiende de compromisos previos y se ve justificada por la tan traída austeridad. Puestos a pedir, casi sería mejor venderlo, o buscar una fórmula concesional. Hacer un poco de política, vaya.
El tijeretazo, siendo traumático, no produce tanto dolor como la tergiversación y el desprecio en algunas actitudes preocupantes que empiezan a vislumbrarse. Irrita que una consejera con capacidad personal e intelectual para brillar con luz propia en un gabinete popular hiperdomesticado se despache con una respuesta tan desafortunada a la pregunta de la oposición sobre el mantenimiento del programa Amarga Memoria. Este plan, creado por el anterior gobierno para fomentar la investigación y la difusión del periodo comprendido entre la proclamación de la II República y la Transición, ha sido un estímulo para revalorizar la dignidad de quienes defendieron y lucharon por la libertad y la democracia. Cito textual la pregunta del PSOE y la respuesta por su indudable interés informativo y para el libre juicio del lector. Pregunta: "¿Tiene el Gobierno de Aragón previsto contratar de nuevo la coordinación del programa Amarga Memoria?". Respuesta: "En el deseo de recuperar el espíritu de la Transición cuya máxima expresión es la Constitución que los españoles nos dimos en 1978, el Gobierno de Aragón nada hará que signifique abrir viejas heridas o dividir a los españoles. La respuesta a esta pregunta es, por consiguiente: no".
Acaso no recuerde la consejera que, bajo los auspicios de Amarga Memoria, Aragón ha participado en diferentes actos de homenaje que tienen como único objetivo el reconocimiento de todas aquellas personas que sacrificaron sus vidas por defender los valores democráticos. Y entre ellos, españoles y aragoneses que fueron deportados a campos de concentración. Es de suponer que en el 2012 no veremos ni a la consejera Serrat, ni a su ínclito director general Vadillo en el homenaje anual a las víctimas que se celebra en el campo de exterminio de Mauthausen, lugar al que fueron destinados 1.011 aragoneses. Todo sea por mantener el espíritu de la ¿transición?
Siendo benévolos, el tijeretazo se esperaba y la amnesia se comprende. Provoca más inquietud un oprobio selectivo y de conciencia con un tema que nada tiene que ver con la economía.
