Islandia ha legislado para acabar por ley con la brecha salarial entre hombres y mujeres. Desde primeros de año, las empresas están obligadas a certificar que ante un trabajo similar no hay diferencias de género en la nómina. Y eso que lleva casi una década liderando el ránking del Informe Global de la Brecha de Género, que elabora el Fondo Económico Mundial, como el país con menor desigualdad en la horquilla. La recuperación paulatina de la desigualdad no les parecía suficiente y la voluntariedad de las empresas privadas, incluso del propio Estado, no conseguía eliminar la injusta brecha. Así que han impuesto la ley y sus correspondientes multas para los potenciales transgresores. Cuando lo que es evidente no se ejecuta de forma natural, las instituciones en un país democrático y exigente actúan. Y dejan a los demás con los deberes por hacer.
De los 144 países contabilizados en esa lista que cuantifica el menor reconocimiento salarial de las mujeres, España se encuentra ahora en el puesto 24 cuando en el 2006 se situaba en el 11. Es decir, ha ido empeorando en la última década, cargando con la crisis económica un mayor desequilibrio en la equiparación salarial. De nuevo las mujeres aumentan la penalización laboral que ya sufren con un mayor desempleo o con la temporalidad de los contratos. Y no será por su preparación, en los últimos años, de los graduados en las universidades europeas, en torno al 53% son mujeres y el 47% hombres, según los porcentajes de Eurostat. Pero la brecha en sus ingresos se mantiene. No es de ley.
*Periodista
