Al fondo de reserva de las pensiones ya se le ha puesto fecha de caducidad: a finales del 2017. Solo quedan 24.000 millones de los casi 67.000 que llegó a tener hace seis años. La hucha de la Seguridad Social tenía --tiene--como objetivo cubrir el déficit que pudiera generarse en el pago de las pensiones. Es, por tanto, una herramienta que sirve de colchón para atender los gastos cuando estos superan a los ingresos en un conjunto que debería ser, al menos, de equilibrio. Los que trabajan pagan con sus cotizaciones la jubilación de quienes ya han agotado su vida laboral. Pero la crisis y la forma de abordarla han instalado un nuevo escenario en el que la viabilidad del sistema no está asegurada, con el consiguiente recelo ante el futuro de las pensiones. Con casi un 20% de paro, más del doble si lo centramos en los jóvenes; más de tres millones de trabajadores cobrando menos de 300 euros y casi el doble el salario mínimo es difícil que las contribuciones para la jubilación de los mayores cubran las obligaciones. Si la hucha se seca ¿de dónde saldrá lo que falte? Es una de las preguntas cuya respuesta será urgente responder en la legislatura que parece que comienza. Y por si fuera poco, el Instituto Nacional de Estadística deja otra reciente perla predictiva que añadir al guiso: Aragón perderá en apenas 15 años un 10% de su población activa (en edad de trabajar). Se reducirían así los cotizantes potenciales mientras --como en todo el país, pero aquí de forma más alarmante-- se eleva aceleradamente el porcentaje de los mayores de 65 años sobre el total. La tormenta perfecta. H *Periodista
