El Gobierno aragonés ha dejado su impronta recortadora en los servicios públicos. Sanidad y Educación han sufrido las políticas de Luisa Fernanda Rudi, con menos disponibilidad de recursos humanos y materiales que se ha traducido en el aumento de las listas de espera o en reducción de educadores, por ejemplo. En los dos sectores la querencia privatizadora de ambas consejerías ha destinado recursos públicos a refuerzos privados, tanto en la cirugía para reducir listas como en la concertada escolar. Y ello se ha sumado la otra pata de los servicios públicos, la que afecta a los servicios sociales y, especialmente, a la dependencia, unas ayudas que han sido motivo de polémica durante toda la legislatura, por la tardanza en la tramitación de los expedientes y en la propia concesión de las subvenciones cuando los beneficiarios habían acreditado su derecho. Y para rematar, se presenta una denuncia contra el IASS --gestor de la dependencia-- al considerar una privatización encubierta el envío a ciertos dependientes de un listado de empresas privadas para que elijan. Administrar lo público exige bastante más respeto.
